Comisionados del SNTE
El viernes 28 de noviembre, maestros de primaria de la ciudad de México que reclaman la elección democrática de su dirigencia, fueron apaleados. De acuerdo con el reportaje de Emir Olivares Alonso, publicado al día siguiente en La Jornada, los golpeadores iban vestidos de negro y con una leyenda que decía “SNTE seguridad”.
En una conferencia de prensa convocada por Carmen Rizo, vocera del CEN del SNTE, la secretaria de la sección novena, reconocida por el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE y el gobierno (que no por la mayoría de los maestros), María Teresa Pérez, calificó a esos sujetos como “compañeros comisionados”. Vale la pena preguntarse, al menos, ¿de dónde salen estos “compañeros comisionados”, cuántos son, quién les paga y dónde “trabajan”?
Esto es más relevante aún en el contexto del tan mentado Acuerdo por la Calidad Educativa, donde las plazas del magisterio han sido tema central de la propaganda oficial. Un estudio realizado por este tecleador en 1995 demostró que en el DF existe un número muy alto de plazas magisteriales que están en una especie de limbo laboral, y que la autoridad educativa “explica” diciendo que se trata de maestros “comisionados” al sindicato. Sin embargo, por su magnitud, esto no se justifica.
Veamos: de acuerdo con datos de 1993 del Departamento de Servicios Escolares y Sistemas de Información de la Subsecretaría de Servicios Educativos del Distrito Federal de la SEP, en esta entidad existían 31 mil 111 maestros de primaria frente a grupo, pero de acuerdo con el Departamento de Personal de la misma subsecretaría, se pagaban 45 mil 588 plazas magisteriales. Lo que nos arroja una diferencia de 14 mil 477 plazas. En aquel entonces, la autoridad afirmó que dentro de esta cifra se encontraban 3 mil 169 maestros sustitutos (pues supuestamente había uno por cada escuela), 3 mil 186 que realizaban labores administrativas como secretarios escolares y 2 mil 64 profesores de educación física. El resultado es que al menos habían 6 mil 58 plazas magisteriales pagadas sin responsabilidad laboral reconocida. Es decir, en 1993, 13 por ciento del total de plazas magisteriales del Distrito Federal correspondía a maestros comisionados para realizar labores del sindicato, o lo que el SNTE llama “compañeros comisionados”.
Ahora bien. Para el mes de abril de 2008, de acuerdo con los datos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB), el gobierno federal destinó 15 mil 589 millones de pesos al pago de nómina de un millón 66 mil 844 maestros en todo el país. Sin embargo, una auditoría especial pagada por la propia SEP detectó que en la nómina sólo se justificaba el pago de 817 mil 850 plazas de maestros. Más allá de que esta diferencia se pudiera reducir en parte, con una confrontación de datos con las entidades federativas (menos el DF, donde sigue siendo la autoridad federal la que realiza los pagos), lo cierto es que la diferencia es descomunal (del doble entre lo señalado por la auditoría y lo “destinado” mediante el FAEP). En el caso de las plazas magisteriales, la tan cacareada “transparencia” es más opaca que la carrocería de una Hummer.
Pero si además le aplicamos la conservadora proporción (de 13%), que resulta del sencillo ejercicio arriba señalado en el DF (y que es posible utilizar en la medida que nada ha cambiado desde entonces respecto al control y pago de la plazas magisteriales), a cualquiera de los dos datos del número de plazas pagadas en abril de 2008 en el país, resulta que el SNTE tiene un ejército de entre 100 mil y 200 mil “compañeros comisionados”.
Queda claro que, en su mayoría, se trata de aviadores pagados con nuestros impuestos y que, de acuerdo con las declaraciones señaladas, de entre ellos salieron los hombres vestidos de negro y con la leyenda de “SNTE seguridad”. Más allá de la condenable agresión a los maestros, el hecho produce la certeza de que el discurso por la “calidad educativa” es una grotesca simulación y que hay muchos recursos disponibles para mejorar la educación pública en México, pero que, en la medida en que se mantenga el maridaje corrupto entre la dirigencia sindical y el gobierno, estos no llegarán a las aulas.