■ Bancos y tiendas departamentales “mantienen ahorcados a los clientes”, denuncian

Diputados del PRD impulsan tope a intereses por tarjetas de crédito

■ La tasa que cobra Wal-Mart es comparable a la de establecimientos “usureros”, señalan

■ Presentan iniciativa de reforma a las leyes del Banco de México y de instituciones de crédito

Roberto Garduño

La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados propuso que el Banco de México (BdeM) imponga tope al cobro de intereses en las tarjetas de crédito bancarias y de tiendas departamentales.

El representante perredista Alejandro Sánchez Camacho refirió que entre las tarjetas de crédito de las tiendas departamentales y las emitidas por los bancos privados no hay diferencia.

Por esa razón, agregó, la Cámara de Diputados impulsará el establecimiento de topes a las tasas de interés impuestas por almacenes, grandes cadenas comerciales y bancos.

“El crédito otorgado por estas tiendas departamentales es de más de 200 mil millones de pesos, y representa casi 60 por ciento del total de sus ventas. Sin embargo, funcionan como bancos, sin serlo; no cuentan con ninguna norma jurídica que regule las tasas de interés, ya que no son propiamente instituciones de crédito, aunque operen como tales.

“Es momento de ponerles un alto, porque ganan de la venta de sus productos y con el cobro excesivo de intereses; es decir, que nunca pierden, mientras a los clientes los mantienen horcados a cada momento.”

El costo anual total (CAT) –que incluye el cobro de los intereses y las penalizaciones en caso de falta de pago– oscila entre 50 y 70 por ciento, dependiendo del establecimiento.

“Alto a abusos”

Por ejemplo, expuso, Wal-Mart cobra hasta 70 por ciento por el crédito que proporciona a sus clientes por comprar en sus tiendas. “Esto es comparable con los intereses que cobran los bancos usureros en México y, por tanto, vamos a ponerle un alto a este abuso”, abundó.

Por su parte, a nombre de Juan Guerra Ochoa, Javier Calzada Vázquez presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de las leyes del BdeM y de instituciones de crédito.

El argumento redundó en el altísimo costo del rescate bancario, que desde 1998 comprometió el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), “dejando un limitado margen de maniobra para nuevos proyectos sociales, así como para el fomento de la actividad agropecuaria y de apoyo efectivo a las pequeñas y medianas empresas y muchas otras áreas del desarrollo social, las cuales cedieron ante la gravedad de la situación en que colocaron a la República autoridades financieras tolerantes, auditores contables complacientes y funcionarios financieros inexpertos”.

De esa forma, la discrecionalidad con que se otorgaron los apoyos financieros y la opacidad con que se llevaron a cabo las auditorías por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario impidieron identificar a los responsables de los quebrantos y permitieron una indebida concentración de los subsidios canalizados al sistema financiero.

“Las multimillonarias sumas sólo alcanzaron a remediar la problemática de las clases privilegiadas y se decidió, en forma torpe e inadmisible, extremar las presiones de cobro, aplicando la cultura de pago a los de abajo, pero no a quienes dolosamente acumularon enormes pérdidas de capital. Los intermediarios no pedían, sino exigían un trato que no estaban dispuestos a dispensar a los deudores.”

Por tanto, se pretende dotar al BdeM con facultades y atribuciones para observar el comportamiento del diferencial entre las tasas activas y pasivas en los sistemas financieros de nuestros principales socios comerciales.

Es decir, se propone facultar al banco central para hacer efectivo el mandato contenido en el artículo 28 de la Constitución en materia crediticia y proveer al efectivo combate a los monopolios e indebidas prácticas.

Así, la Ley del Banco de México establecería en su artículo 26 lo siguiente: “en protección de los intereses del público, el banco recabará información de los intermediarios bancarios a efecto de determinar el margen financiero existente entre las operaciones activas y pasivas que realicen en territorio nacional. Al efecto se emitirán normas de carácter general para la recepción de los datos informativos respecto de las operaciones causantes de pasivo a corto, mediano y largo plazos, segmentados por importe, distinguiendo personas morales de personas físicas. Así como respecto de los financiamientos al consumo, hipotecarios y al sector agropecuario”.

La modificación al artículo 51 de la misma legislación consideraría que en marzo de cada año las instituciones de crédito presenten un informe acerca de la evolución de los márgenes financieros de la banca en territorio nacional.