■ Urge garantizar confidencialidad, afirma la directora de la Red Nacional de Refugios

Corruptelas y falta de fondos menoscaban albergues para las víctimas de violencia

■ Las casas de protección sólo cubren 40% de gastos de operación con recursos oficiales

Ángeles Cruz Martínez/ II y última

Los refugios para mujeres víctimas de violencia son lugares que se mantienen en secreto, de alta seguridad, a los que sólo llegan quienes carecen de redes familiares que las puedan ayudar o quienes aún con ese apoyo viven en tal situación de riesgo que prácticamente requieren desaparecer.

Aún cuando debería existir una estricta confidencialidad de los datos de las víctimas y los lugares donde se encuentran, son frecuentes los casos de hombres que mediante sobornos o francos actos de corrupción llegan a los albergues a amenazar con armas de fuego, o quienes con la complicidad de la autoridad judicial obtienen órdenes de cateo para ingresar a las casas a buscar a sus esposas.

Ocurrió en un refugio de un estado de la República. La revisión se efectuó, pero cuando la mujer ya se había ido, justamente por el riesgo inminente de que su esposo la encontrara.

Margarita Guillé, directora general de la Red Nacional de Refugios, relata, una tras otra, las situaciones que le han tocado enfrentar en su tarea de proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar.

Destaca que uno de los principales problemas es la falta de garantía de confidencialidad. La creación de leyes que protegen los derechos de las mujeres han sido un gran paso, pero todavía faltan regulaciones y cambios paralelos que garanticen la seguridad de las víctimas y de sus protectores. Inclusive, explica, que las víctimas obtengan facilidades para cambiar de identidad.

También debería estar garantizada la seguridad para el personal de los refugios, el cual con frecuencia ve amenazada su integridad. Guillé comenta el caso de la directora de un albergue en Coahuila, contra quien se giró orden de aprehensión debido a la amistad que un agresor, policía judicial, tiene con un juez.

Además de los riesgos que enfrentan las mujeres y sus protectores, y la falta de un sólido respaldo institucional, los 37 refugios a cargo de organizaciones civiles –de 63 que existen en el país– padecen la falta de recursos económicos.

Desde 2003, por gestión de diputadas federales, el gobierno asigna una partida especial para financiar parte de las actividades de los albergues. Sin embargo, este año fue difícil porque las agrupaciones recibieron el dinero correspondiente al presupuesto hace apenas unas semanas.

El apoyo económico oficial que obtienen cubre 40 por ciento de sus gastos de operación. El resto lo consiguen de donaciones de organismos privados y todavía es insuficiente. De ahí que el retraso en la entrega del presupuesto 2008 merma la capacidad de acción de las agrupaciones. Todas precisan mejorar sus instalaciones, reforzar la seguridad, comprar muebles, ropa y juguetes, entre otras cosas, explicó Guillé Tamayo.

Las dificultades de este año empezaron porque, a pesar de que las legisladores asignaron 200 millones de pesos para los albergues, a la Secretaría de Salud sólo llegaron 52 millones, los cuales se transfirieron a los estados como parte de la descentralización administrativa.

Este proceso y la falta de cumplimiento de requisitos por las asociaciones civiles fue lo que aparentemente retrasó la entrega de los fondos. El secretario José Ángel Córdova Villalobos reconoció que algunos gobiernos estatales definitivamente no quieren saber nada de los refugios, y rechazaron hacerse responsables de la entrega del financiamiento. Según el funcionario, esas entidades consideran que los albergues “son áreas de grilla política”.

Durante una comparecencia en la Cámara de Diputados también admitió que las casas de protección para las víctimas tienen muchas necesidades, incluidas las relativas al aspecto jurídico, porque “no basta el espacio físico”.

Origen de la violencia de género

Para Laura Martínez, directora y fundadora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, la violencia de género tiene su base en la infraestructura social, que transmite y reproduce estereotipos de victimario y víctima, además de la situación socioeconómica que progresivamente dificulta la sobrevivencia de las personas.

Tiene que ver, dice la especialista, con los bajos salarios, el aumento a los precios, la falta de empleo formal e incluso las aspiraciones incumplidas.

En entrevista, Laura Martínez resaltó que a escala mundial la violencia contra las mujeres ya afecta la estructura y el tejido social. De ahí las diversas iniciativas y convenciones suscritas para erradicar el problema y que en México se han traducido en leyes como la General por una Vida Libre de Violencia, que reproduce los conceptos de la Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de Belem do Pará.

Todavía falta, continuó, que los preceptos legales aterricen en acciones concretas: desde los programas de televisión hasta un verdadero cambio en las políticas públicas que agreden a las mujeres con salarios menores que los de los hombres y un trato diferenciado en oficinas públicas y privadas.

Falta un cambio en la formación de las personas desde la infancia, indicó. Sin culpar a nadie, hombres y mujeres deben identificar los factores que generan violencia y evitarlos. Entre éstos habría que eliminar la idea de que ellas son las únicas responsables de la educación de los hijos; los hombres ya no son los únicos proveedores y también deben participar en las tareas del hogar, sobre todo si las mujeres también tienen que salir a trabajar. “Físicamente somos diferentes, pero en derechos todos somos iguales”, concluyó.