Editorial

Crisis: el gobierno debe actuar

Son ilustrativas las crecientes expresiones de alarma en las cúpulas del sector privado (Consejo Coordinador Empresarial, Confederación de Cámaras Industriales y otras) ante la falta de rumbo gubernamental para hacer frente a la crisis económica mundial, que tiene ya y seguirá teniendo repercusiones hondas y graves en México. Tras las manifestaciones poco responsables de los funcionarios de la actual administración –desde el “entusiasmo” ante la debacle, externado por el propio Felipe Calderón, al “catarrito” pronosticado por su secretario de Hacienda, Agustín Carstens–, el Ejecutivo federal empieza a reconocer, por fin, la gravedad de la situación, pero hasta el momento no ha sido capaz de presentar un programa para resolver los grandes desajustes que se vienen y los que ya están aquí.

Las respuestas oficiales a la angustiosa situación van de la formulación de buenos deseos y exhortaciones en el vacío –como la que dirigió ayer el titular del Ejecutivo federal a empresarios y trabajadores para “defender el empleo”, sin aportar elementos para hacerlo– a decisiones que porfían en la aplicación de recetas neoliberales plenamente rebasadas por la circunstancia, como las aperturas comerciales absolutas, que se traducirán en pérdidas de fuentes de trabajo en las empresas nacionales. Así ocurre con las pertenecientes a la industria alimentaria, sector que ya se ve afectado por los designios gubernamentales de abrir las fronteras a todo el mundo con el pretexto de velar por los intereses de los consumidores. Por otra parte, el manejo alcista de las tarifas del sector público –electricidad y combustibles, principalmente– golpea al conjunto de los hogares del país y desmiente el argumento de proteger el consumo.

Además, mientras los capitales especuladores vuelven a vaciar las reservas, las inversiones extranjeras abandonan el país y el gobierno prepara un nuevo “rescate” de empresas privadas con dineros públicos, el grupo que detenta el poder, lejos de moderar sus gastos, ostenta su ánimo de derroche en las percepciones, los viáticos, las prestaciones, los regalos, las fiestas y los aguinaldos que se regala a sí mismo con cargo al erario. Si tal práctica es de por sí inaceptable en una circunstancia de normalidad económica, en la situación presente constituye un agravio mayúsculo contra una población que, de la clase media para abajo, debe afrontar un descenso perceptible en su nivel de vida.

Más allá de la necesaria austeridad de la administración, prometida de manera recurrente al principio de cada sexenio y nunca cumplida, es preciso que el gobierno federal conciba y presente, aunque sea con un retraso de varios meses, una propuesta de política económica coherente, viable e integral, centrada en la defensa del empleo y de la capacidad adquisitiva de los salarios, la reactivación de la economía, la protección a los sectores más desfavorecidos del país, el rescate de los deudores individuales, la preservación de los fondos de retiro de los trabajadores, la reanimación del sector agropecuario y la promoción de la micro, pequeña y mediana empresa. En torno a un programa económico justo y congruente podría empezar a resanarse la fractura que exhibe el consenso político y social en el país; por lo demás, de una respuesta eficaz y convincente a la crisis depende, en buena medida, el mantenimiento de los márgenes, de por sí estrechos, de estabilidad y gobernabilidad.