El país sigue dividido por comicios de 2006: obispos
A dos años y medio de los comicios presidenciales de 2006, la polarización y fragmentación de la sociedad mexicana no se ha podido superar. El clima político desde ese entonces se presenta “enrarecido” y, en los hechos, el país “dio un paso hacia atrás” en el terreno de la democracia. Hoy en día “se respira desconfianza en las instituciones electorales y esto afecta gravemente las condiciones de seguridad para el ejercicio de los derechos políticos”, aseguró la Comisión de Pastoral Social del Episcopado Mexicano.
En una seria crítica a la situación del país en materia de derechos humanos, la Iglesia católica denunció que no sólo existe una violación permanente producto de la violencia del narcotráfico y el crimen organizado, sino también se ven vulnerados los derechos a la alimentación, el empleo, la educación y la seguridad social. “El grado de desigualdad en nuestra patria es escandaloso, donde más de la mitad de la población vive en en condiciones de pobreza y pobreza extrema”.
Al presentar el mensaje episcopal, titulado El anhelo de la paz, la vida digna y los derechos humanos en México, el presidente de la comisión y obispo de Nuevo Laredo, Gustavo Rodríguez Vega, reconoció que tras los pasados comicios federales “ya no hay la misma confianza” en las instituciones y órganos electorales, virtud indispensable de un régimen democrático.
Alarma el “cáncer de la corrupción”
El texto, que contó con el respaldo total del Consejo de Presidencia del Episcopado Mexicano, analiza la situación del país, dividida en tres realidades: pobreza y desigualdad; violencia e inseguridad, y política y ciudadanía. Señala que es alarmante el “cáncer de la corrupción” que corroe personas e instituciones. “Vemos con perplejidad la influencia del crimen organizado que parece haberlo penetrado todo, acrecentando el clima de inseguridad en el país”, donde no hay entidad federativa que escape a esta realidad.
Sin embargo, el documento de los obispos advierte que ahora se ha encontrado que esa corrupción e infiltración del crimen organizado no sólo ha permeado en los policías o cuerpos de seguridad, sino también a actores del Poder Judicial, a lo más alto de la procuraduría de justicia del país, y a la vida política. La cifra de víctimas por acciones violentas ha sobrepasado incluso a las de países en guerra.