■ Se sienta un precedente en el ámbito estatal, afirma comisión de derechos humanos
El gobierno de Chihuahua, obligado a pagar reparación por la desaparición de un migrante
Chihuahua, Chih., 16 de diciembre. El gobierno de Chihuahua fue obligado a pagar la reparación económica del daño por la desaparición forzosa de Cruz Ávila Mondragón, migrante de Morelos que desapareció en 1999 en Chihuahua después de ser detenido por la policía municipal. Además deberá garantizar la educación y cubrir los costos de los servicios médicos de los deudos del migrante.
Ávila Mondragón fue detenido el 29 de enero de 1999 cuando estaba a punto de abordar un autobús de regreso a su tierra, en Cuernavaca, después de ser deportado de Estados Unidos, adonde llegó como indocumentado.
Acusado de robarse una escalera en la central camionera, fue internado en la comandancia de la policía municipal, de donde desapareció después de ser golpeado presuntamente por pandilleros.
La policía municipal estaba bajo la responsabilidad directa del entonces director de seguridad pública Jesús Grajeda y del alcalde José Reyes Baeza Terrazas, ahora gobernador del estado, quien como máxima autoridad estatal accedió a firmar el acuerdo amistoso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para cubrir una reparación económica a la familia de la víctima de desaparición forzada y mantener las investigaciones hasta encontrarlo “vivo o muerto”.
Emilia Sandoval, consejera de la junta directiva de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, informó que el gobierno estatal firmó el resolutivo de la CIDH y, agregó, sienta un importante precedente en el ámbito estatal, pues es la primera ocasión en que las autoridades locales admiten su responsabilidad en un caso de desaparición forzada y permitieron que se tipificara como delito esta figura, que no existía en las leyes del estado.
La humanista no quiso revelar el dato preciso sobre el monto de la reparación de daño económico que pagó el gobierno del estado a la familia de la víctima, “por seguridad de los mismos”, pero recalcó que “es la cifra más alta que se ha pagado en este tipo de casos”.