■ Buscan imputarnos delitos para quitarnos nuestras tierras, acusan vecinos de Cruztón
Comunidad zapatista denuncia acoso de policías y ejidatarios de Venustiano Carranza
■ Señalan que el conflicto esconde la intención de una minera canadiense que quiere los terrenos
San Cristóbal de las Casas, Chis. 17 de diciembre. La comunidad de Cruztón, municipio de Venustiano Carranza, denunció que desde la segunda semana de este mes es hostigada por la policía municipal y presuntos ejidatarios del también presunto ejido San José Cerro Grande I vestidos como policías o paramilitares.
La comunidad, adherente de la otra campaña del EZLN, refiere que el día 6 “un grupo de seis desconocidos entró en nuestro predio, todos ellos vestidos de color negro, y se desplegaron en diferentes puntos; ahí estuvieron todo el día, vigilándonos”.
El día 9, una patrulla de la policía municipal de Venustiano Carranza (placas CZ23990), en la que viajaban un comandante y tres agentes, llegó hasta la comunidad a dejar cuatro citatorios para 11 campesinos, demandándoles presentarse a declarar los días 11, 12, 13 y 15 de diciembre ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Ambientales en Tuxtla Gutiérrez, “para el desahogo de diligencia del orden penal” en la averiguación previa número CAFO/009/2008.
“Ante esta situación queremos dar a conocer nuestro acuerdo: no estamos dispuestos a presentarnos ante ninguna fiscalía del Ministerio Público ya que no hemos cometido ningún delito y es muy claro que el otro grupo, del supuesto ejido San José Cerro Grande I, nos está buscando delitos para que nos despojen de nuestras tierras que legítimamente nos pertenecen”, expresan los indígenas en una carta del Comité Contra la Represión de Cruztón dirigida al Comité Clandestino Revolucionario-Comandancia General del EZLN, a la junta de buen gobierno de Oventic y a la otra campaña.
La comunidad denuncia versiones “de que este grupo del supuesto ejido, que se hace pasar por miembro de la OCEZ-DI–UNOPI, se está organizando para entrar nuevamente a nuestra comunidad y nuestras casas, para hacer sus desmadres como lo hicieron el 27 de abril, cuando por la madrugada entraron en nuestras casas cubiertos los rostros con paliacates y playeras, y detuvieron y golpearon algunos de nuestros compañeros”.
Ese día “entraron armados”. El documento recuerda que “el mal gobierno desmintió que fueran sus policías junto con ellos”, y eso, añade, es “lo que más nos preocupa”.
Por lo demás, abundan, “no es posible que esta gente esté actuando de esta forma, ya que últimamente nos hemos enterado de que (personas de) este supuesto ejido San José Cerro Grande I se hacen pasar por miembros de la OCEZ-DI-UNOPI, y dicen ser adherentes de la otra campaña”. La comunidad expresa extrañeza de “que tengan esta forma de actuar en nuestra contra, siendo que nosotros como compañeros y ellos creyendo que también lo son, les hemos dicho que estamos dispuestos a compartir nuestras tierras, sin que ellos muestren una buena voluntad”.
La denuncia responsabiliza “al mal gobierno y los malos dirigentes por cualquier situación que se presente contra nuestra comunidad y nuestros compañeros; no nos olvidamos de las 11 órdenes de aprehensión que nos han fabricado por el supuesto delito de ‘despojo’ en nuestras propias tierras”.
Las agresiones contra Cruztón por parte de un grupo de personas de diversas localidades, que con el respaldo del gobierno del estado se dicen propietarias de tierras que pertenecen a la comunidad desde 1988, se agravaron el 28 de abril pasado cuando centenares de policías irrumpieron en el poblado e intentaron desalojar a los indígenas, sin conseguirlo. El 18 de junio, la policía estatal ocupó durante varias semanas los predios cultivados de la comunidad.
El 22 de julio, los campesinos, junto con miembros de la otra campaña, fueron agredidos por la policía con gases lacrimógenos. La comunidad terminó por recuperar los predios, como ya lo había hecho en 2007.
El conflicto disfraza intereses de mineras canadienses que buscan extraer oro de esas excelentes tierras agrícolas. Los “presuntos ejidatarios” (muchos de ellos ni siquiera son campesinos), con quienes existe una artificial disputa desde hace 14 años, funcionarían como punta de lanza de las ambiciones mineras que, según los indígenas, cuentan con el visto bueno del gobierno de Chiapas, aunque éste lo ha negado tangencialmente.
Son los hoy “acusadores” del presunto ejido quienes realizaron tala ilegal en meses pasados. No obstante, es a los de Cruztón a quienes las autoridades estatales imputan “delitos ambientales” y ahora los llaman a “rendir declaraciones” con el riesgo de ser aprehendidos por delitos que no cometieron.