■ Circulan versiones de que presionan para que la legislación sea vetada por la Presidencia
Ofensiva de empresas telefónicas contra la ley para el registro de celulares
■ Subrayan que no se grabarán las conversaciones entre los usuarios, sólo se llevará un listado
Ante versiones de la presión que ejercen las compañías de telefonía celular con el propósito de que desde la Presidencia de la República se vete la recién aprobada ley que pretende evitar el uso de ese medio de comunicación en delitos como el secuestro y la extorsión, el autor de la reforma, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Mario López Valdez, demandó a Felipe Calderón que la legislación se publique lo antes posible.
De acuerdo con versiones de senadores priístas y perredistas, uno de los que más presionaron para que no se aprobara la Ley para el Registro de Usuarios de Telefonía Celular fue el ex secretario de Hacienda y actual presidente del consejo de Administración de Telefónica, Francisco Gil Díaz, quien ahora cabildea para que Calderón no promulgue la reforma, con el argumento de que poner en marcha las medidas previstas en la misma tiene un alto costo y no se podrá realizar en el año que se puso de plazo.
Al respecto, López Valdez comentó que que sólo una de las tres compañías de celulares que operan en México, Iusacell, respaldó las modificaciones a Ley Federal de Telecomunicaciones, que obligan a los concesionarios a llevar un registro de los usuarios del servicio y posibilitar su ubicación geográfica, para facilitar la captura de quienes utilizan los celulares para cometer ilícitos como plagios, fraudes y extorsiones.
A pesar de la oposición de las otras dos compañías, tanto el Senado como la Cámara de Diputados aprobaron la reforma en el periodo de sesiones que concluyó el pasado día 11; sin embargo, la mira de los empresas inconformes está ahora en la posibilidad del veto presidencial.
Gil Díaz se ha comunicado con senadores del PRI y Acción Nacional para expresar que en un año, como se indica en la ley, no será posible crear el registro de usuarios de celular. Crear una base similar en España llevó casi cuatro años, argumentó.
En la Presidencia de la República han esgrimido argumentos similares y han hecho correr versiones de que la legislación los obliga a grabar las conversaciones que se den en los más de 80 millones de aparatos celulares que operan en el país.
Al respecto, el senador López Valdez dijo que los empresarios tienen confusión sobre el contenido de la ley, toda vez que la norma no establece que graben las conversaciones, lo que sería un delito, sino únicamente que lleven registro de las llamadas entrantes y salientes, y su duración.
El senador priísta recalcó que tuvieron cuidado extremo de no vulnerar la vida íntima de las personas y lo que será obligatorio es entregar a las autoridades “una sábana de las llamadas recibidas y hechas por el usuario”.
La información, además, “estará blindada, ya que no se le podrá dar uso comercial o político”. Los teléfonos celulares operarán de igual manera, ya que el único fin que se persigue es “tener un control de cada uno de los aparatos para que en caso de que alguien los utilice para cobrar rescates de secuestrados e intimidar y lastimar a la gente, se facilite su captura”.
Hizo notar que según datos oficiales, más de 700 bandas criminales que operan en el país utilizan los teléfonos celulares en ilícitos, fundamentalmente secuestros, por lo que es urgente que entre en vigor esa reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones para crear el registro de usuarios de telefonía celular.
Una vez promulgada en el Diario Oficial de la Federación, los contratos para la adquisición de celulares deberán contener datos para identificar a quien usará el aparato, entre ellos comprobante de domicilio y huella digital. En el caso de los adquiridos antes de la entrada en vigor de la nueva normatividad, los usuarios tendrán un año de plazo para regularizarlos, de no hacerlo serán dados de baja automáticamente.
López Valdez dijo que no entiende las reticencias a esos cambios legislativos, ya que se trata de dar instrumentos para atajar a las bandas organizadas de secuestradores. Por ello pidió a Felipe Calderón que promulgue el ordenamiento.