■ Gestión del “gobierno legítimo”
Instalarán mesa con deudores del Infonavit
El Consejo de Defensa de la Vivienda del “gobierno legítimo” de México consiguió ayer la instalación de una mesa formal de negociaciones sobre carteras vencidas en el ramo con SCRAP II, una de las dos empresas estadunidenses a las cuales el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) les vendió a bajo costo miles de créditos de sus derechohabientes.
De acuerdo con el consejo, tanto SCRAP II como CAPMARK obtuvieron cada crédito en 15 por ciento de su valor, es decir, entre 25 y 30 mil pesos, y en la actualidad, para exigir el cobro a los deudores, aplican “terrorismo extrajudicial” contra los dueños de las viviendas.
Mitin en Reforma
Después de un mitin afuera de las oficinas de SCRAP II, ubicadas en Paseo de la Reforma de la ciudad de México, para exigir solución al problema, la firma recibió a una comisión de cinco integrantes, encabezada por Laura Itzel Castillo, secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del “gobierno legítimo”, para acordar la instalación formal de la mesa el próximo martes.
En ella se contará com la asistencia del coordinador nacional de cobranza del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Francisco Benavides Mayorga, así como de directivos de SCRAP II.
Durante la concentración, Laura Itzel Castillo dio a conocer que el pasado 14 de noviembre el octavo tribunal colegiado en materia administrativa del primer distrito, con sede en la capital del país, resolvió en favor de la derechohabiente María del Rocío Sánchez de la Vega en contra del acuerdo de resolución del consejo general del Infonavit, que ordenó proceder a la venta de hasta 56 mil créditos a las trasnacionales citadas.
Explicó que, por unanimidad, las magistradas Marías Gabriela Rolón Montaño, Adriana Leticia Campuzano Gallegos y María Guadalupe Saucedo Zavala dieron la razón al amparo promovido por la trabajadora, al determinar que el acuerdo agravia a los acreditados “por lo que declaran nula la venta o cesión de derechos y por tanto ordenan que el crédito regrese con el organismo de previsión social”.
Al amparo de la ley
Asimismo, la integrante del gabinete del “gobierno legítimo” consideró que este hecho abre la puerta para que miles de familias mexicanas que se encuentran en esta situación sean sujetos de la protección de la justicia federal y también pongan a salvo sus garantías y su patrimonio.