■ Órgano estatal de derechos humanos presenta informe sobre la matanza de septiembre

Policías torturaron y asesinaron a internos del penal de La Mesa

■ Pide iniciar juicio político y penal en contra del titular de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa

■ El gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán debe ofrecer una disculpa pública, señala

Olga Alicia Aragón Castillo (Especial para La Jornada)

Tijuana, BC, 10 de diciembre. La Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California emitió 22 “observaciones” sobre los motines ocurridos los días 14 y 17 de septiembre en la prisión de La Mesa, entre las cuales destacan una al Congreso local para que inicie juicio político al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Daniel de la Rosa Anaya, y otra a la Procuraduría de Justicia del estado para que cite al mismo funcionario en calidad de indiciado, ya que las fuerzas bajo su mando torturaron y asesinaron a por lo menos 24 internos e hirieron a cientos más.

Al gobernador José Guadalupe Osuna Millán se le pide que “ofrezca una disculpa pública, especialmente a los familiares de los internos muertos y lesionados y, en general, a los internos del Cereso (Centro de Readaptación Social) de La Mesa, que fueron victimas de violaciones a sus derechos humanos”. La disculpa, precisa, deberá ofrecerse en los medios de información de mayor circulación en el estado.

Francisco Javier Sánchez Corona, procurador de derechos humanos, dijo que sólo fue posible constatar el homicidio de 24 internos –a cuyos cuerpos se practicó la autopsia–, pero hubo una cantidad indeterminada de internos a los que no fue posible identificar porque murieron calcinados, aunque se recuperaron 10 envoltorios con huesos.

El ombudsman dijo que los peritajes indican que a 18 de los 24 reos les dispararon a matar (a 11 en el cráneo y a seis en el tórax); además, en la mayoría de los casos la trayectoria de las balas era de arriba abajo, lo que corresponde con los disparon que se hicieron desde el helicóptero de la Policía Estatal Preventiva, según testimonios.

El organismo solicitó a la presidenta del Congreso del estado, Andrea Cruz Blackledge, instruir juicio político a De la Rosa Anaya para investigarlo por violaciones a las garantías individuales.

Asimismo, pidió al procurador de Justicia, Rommel Moreño Manjarrez, citar en calidad de indiciado a De la Rosa Anaya a fin de deslindar responsabilidad penal por los presuntos delitos de homicidio, lesiones, daño en propiedad ajena, evasión de reos y lo que resulte, conforme a las averiguaciones previas 250/08/201/AP y 256/08/201/AP radicadas en la Unidad Orgánica de Homicidios Dolosos de la Subprocuraduría General de Justicia.

Además se demanda cumplir la orden de aprehensión librada contra Marco Antonio Ibarra Chávez y Daniel Ibarra Pérez por el juzgado sexto de lo penal de Tijuana, como parte de la causa penal 900/08, relacionada con los delitos de tortura y homicidio en agravio de Israel Blanco Márquez y otros internos.

Además de disculparse, el gobernador panista deberá ordenar que se investigue a Simona Garmiño Gurrola, Miguel Ángel Cannet Sánchez, Carlos Arturo González y Alejandro Oblea Bueno, ex funcionarios del sistema penitenciario, para determinar su responsabilidad en la matanza. También deberá notificarse al Ministerio Público de la Federación para que investigue a los policías de los tres niveles de gobierno que acribillaron a los internos.

De acuerdo con el informe, los hechos se iniciaron el 14 de septiembre luego que el comandante Jorge Eduardo González Montero y los custodios Álex Cervantes, Antonio y Daniel Ibarra mataron a golpes a Israel Blanco Márquez, a quien torturaban junto con otros 22 internos del edificio 5 del Cereso para que dijeran a quién pertenecían un celular y unas dosis de mariguana.

Al día siguiente los internos se amotinaron para protestar por el asesinato de Israel Blanco. El 17 de septiembre ocurrió una segunda revuelta en el edificio 7, cuando las mujeres subieron por los ductos a los techos para exigir comida, atención médica y agua.

Los reos fueron atacados a golpes y con gases lacrimógenos, y luego les dispararon, pese a que ya se habían rendido.