■ El Estado debe pagar 576 mil dls a los deudos de Manuel Cepeda
Ordena tribunal colombiano indemnizar a la familia de líder comunista asesinado
Bogotá, 10 de diciembre. Un tribunal local condenó al Estado colombiano a pagar una indemnización equivalente a 576 mil dólares a la familia del dirigente comunista Manuel Cepeda, asesinado por paramilitares de ultraderecha en 1994; el fallo fue anunciado por el Consejo de Estado, máxima instancia de la justicia contenciosa administrativa.
Cepeda recibió varias amenazas de los grupos paramilitares, en medio de una ola de asesinatos de integrantes del movimiento político de izquierda Unión Patriótica (UP), del cual formaba parte el Partido Comunista. El asesinato del líder sucedió el 9 de agosto de 1994, por sicarios que lo atacaron en un sector residencial del norte de Bogotá. El entonces senador había pedido medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La UP se formó a raíz de los acuerdos entre el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986) y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que protagonizaron un proceso de paz que terminó en fracaso. La UP fue prácticamente exterminada tras el asesinato de unos 3 mil miembros, entre ellos sus principales líderes, Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo, que fueron candidatos presidenciales.
Iván Cepeda, hijo del líder político, preside actualmente el Movimiento de Víctimas del Estado.
En Ginebra, el vicepresidente colombiano Francisco Santos reconoció ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que en su país han faltado políticas que ataquen de raíz la desaparición y el desplazamiento forzado de personas, así como las minas antipersonales y los asesinatos de sindicalistas; pidió perdón” a las víctimas de las fuerzas armadas y prometió que esos crímenes no quedarán en la impunidad.
El Consejo analizó las violaciones a los derechos humanos en Colombia y la política del presidente Álvaro Uribe y emitirá un informe el próximo lunes.
Y en Bogotá, el relator para Colombia de la CIDH, Víctor Abramovich, rechazó que las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de las fuerzas públicas sean “casos aislados”, como sostiene el gobierno.