Cambios urgentes
En el mundo entero ha quedado claro que los mercados no son capaces de autorregularse. Las sucesivas crisis que hemos vivido y las importantes fallas de mercado son una constatación de que es indispensable la intervención estatal para corregir problemas y, lo más importante, para evitar situaciones críticas que pueden afectar a poblaciones enteras. Los gobiernos de los países desarrollados han destinado sumas enormes al rescate de instituciones financieras que, luego de años de bonanza, quebrantaron el patrimonio de sus ahorradores.
Por ello hay consenso en la necesidad de que el sistema financiero sea regulado y que la supervisión gubernamental deba ser más estricta. Hasta ahora no se han establecido los parámetros regulatorios básicos. La reunión del G-20 enfrentó dos visiones: la de Europa y la de Estados Unidos, que entienden de manera distinta lo que debe hacerse en materia regulatoria. Esta discrepancia impidió que esa reunión tuviera algún resultado trascendente.
En México, en la reciente Convención del Mercado de Valores se exhibieron diferencias profundas sobre lo que debe hacer el gobierno para enfrentar la crisis. Mientras Slim planteó que la autoridad debe regular la diferencia entre las tasas activas –las que cobran los bancos– y las pasivas –las que pagan los bancos–, ya que las tasas que están cobrando actualmente son “insostenibles e impagables”, los banqueros y otros funcionarios financieros reclamaron su derecho a autorregularse.
El primero propuso que las tasas activas sólo pudieran ser cuatro veces superiores a las pasivas, como ocurre en muchas naciones. Usando como indicador de las tasas pasivas, la tasa pagada en la última emisión de Cetes a 28 días, el máximo interés cobrado sería de 32.12 por ciento anual y no 70.8 como cobran en promedio los bancos en los créditos a través de tarjetas. Funcionarios bancarios se oponen a que el Estado regule el margen financiero, argumentando que eso provocará que el crédito se restrinja, lo que constituye una amenaza que debe rechazarse claramente.
Los legisladores tienen la oportunidad de regular las tasas cobradas por los bancos, ya que está afectando la situación de cientos de miles de familias, y establecer que una instancia del Estado, como el Banco de México, se haga cargo de la supervisión. Se trata de actuar a favor del interés colectivo, sin que quiera decir que los legisladores determinen el margen financiero, sino que fijen la cota máxima de los intereses que se cobran. Durante años, las filiales mexicanas de los bancos extranjeros han sido las más rentables del mundo, precisamente por esta ausencia de regulación que les permite cobrar en México intereses 12 veces superiores a los que cobran en EU o en Europa.
Para que el Banco de México cumpla con esta función, es indispensable modificar su ley orgánica que actualmente sólo le encomienda responsabilizarse por la estabilidad de precios. Ese objetivo único debe ampliarse señalando que esa importante entidad del Estado mexicano no sólo tiene el objetivo de controlar la inflación, sino que debe promover el crecimiento de la economía y del empleo, así como vigilar que los bancos privados cumplan con los requerimientos establecidos legalmente.
Esta iniciativa de modificaciones ya está en la Cámara de Diputados, presentada por una diputada panista a finales de noviembre. Esa iniciativa plantea que el Banco de México, como el Banco Europeo, el alemán e incluso la Reserva Federal de Estados Unidos, se ocupen de la inflación, y también del crecimiento y el empleo. El PAN lo ha propuesto, el PRD tendría que estar de acuerdo con esta iniciativa, y al PRI le puede resultar benéfico políticamente.
Así las cosas, estas modificaciones legislativas empezarían a alterar el funcionamiento del sistema financiero en beneficio de los usuarios del crédito. Las tasas de interés con un nuevo Banco de México caerían inmediatamente a 4 o 5 por ciento anual, y con la nueva legislación la tasa de interés cobrada en tarjetas sería de 20 por ciento, lo que indudablemente ayudaría a que pudiéramos salvar esta crisis con menos afectados.