Inseguridad en el Consejo
Como se sabe, hace un mes México fue electo para servir en el Consejo de Seguridad en el bienio 2009-2010. La voz oficial festinó el hecho, al proclamarlo –dijo el representante permanente ante la ONU– como “una demostración de gran confianza en México por parte de la comunidad internacional, de la política exterior de México, de la política exterior del gobierno del presidente Felipe Calderón, de que realizaremos una contribución muy positiva a los trabajos del Consejo de Seguridad”. Es cierto que, junto con Uganda, México alcanzó la mayor votación en la Asamblea General, pero se debió, más que a méritos propios, a que ambos fueron candidatos únicos y formalmente respaldados por sus respectivas regiones. Sorprende en esta declaración del por lo general cuidadoso embajador Heller la distinción entre la política exterior del país y la de Calderón. ¿Tiene éste una propia? ¿Es distinta de la de la nación? ¿Son merecedoras ambas de la confianza de la comunidad mundial? Si tal es el caso, habría que explicar las diferencias entre una y otra. Lástima que el declarante no se explayara en las razones de la confianza de más de 180 países de que la contribución a los trabajos del consejo será “muy positiva”. Quizá sean las mismas que los llevan a confiar en Uganda, que obtuvo una votación muy similar. Esta declaración, el día de la elección, llena de expresiones obvias –y carente de la expresión de agradecimiento que la más elemental cortesía demandaba–, muestra que para su cuarto mandato México se adentra con inseguridad en el consejo.
¿Cómo se ha preparado México para atender sus responsabilidades en el consejo en los dos próximos años? Si se atiende a la información pública disponible: poco y mal. La página web de Alameda (antes Tlatelolco) recoge el equivalente virtual a un “libro blanco” sobre el tema. Plantea, para comenzar y con abuso de gerundios, los tres principios que guiarán la actuación de México en el consejo: a) “Velando por el respeto inequívoco de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional y los derechos humanos”. b) “Privilegiando el diálogo y la negociación para encontrar una solución duradera a los conflictos internacionales y propiciando una mayor vinculación de los trabajos del consejo con otros órganos y actores internacionales relevantes”, y c) “guiando sus acciones por los principios de transparencia, democratización y rendición de cuentas.” El primero corresponde al conjunto de la actuación de México y, en realidad, a la de cualquier país en el conjunto de la ONU, pero no aclara qué se propone hacer en el consejo. El segundo es de tal generalidad que carece de otro sentido que el de una intención pía, expresada en términos más convencionales. El último resulta un principio que engloba otros tres, loables pero difíciles de alcanzar. También en materia doctrinaria, México se adentra con inseguridad en el consejo.
Los principios guía ya señalados se complementan en el texto de la Alameda con ocho oportunidades de acción puntualmente enumeradas. Vale la pena reproducir y comentar al menos una:
i) “Abordar los conflictos desde un enfoque de seguridad multidimensional, para enfrentar amenazas a la estabilidad y la paz mundial como la violación grave a los derechos humanos, los desastres naturales, las pandemias, la pobreza extrema, la degradación ambiental entre otros.” Manejar con esta ligereza el concepto de seguridad multidimensional puede conducir a graves distorsiones de la labor del consejo. Puede propiciar que se dé por supuesto que cuestiones tales como las señaladas constituyen per se amenazas a la paz y la seguridad globales que demandan la atención y acción del consejo. Lo absurdo del enfoque queda más de relieve en el caso de los desastres naturales y las pandemias. Si se les considera de entrada como amenazas a la paz y la seguridad y se demanda, por tanto, la intervención del consejo se interferirá con la operación regular de la maquinaria que las Naciones Unidas han establecido para hacerles frente. Otro ejemplo: es concebible que situaciones extremas de deterioro ambiental lleguen a comprometer la paz y la estabilidad, pero es a todas luces preferible que sigan siendo tratadas por los órganos universales o especializados establecidos, a que sean llevados a la actual mecánica de operación, opaca, no democrática y controlada por unos cuantos del Consejo de Seguridad.
Aunque la cuestión de la reforma del Consejo de Seguridad compete a un comité ad hoc de la Asamblea General y no al consejo mismo, conviene retomarla en este contexto. El pasado 15 de septiembre México participó en la adopción, por consenso, de una decisión de la Asamblea General que prevé el inicio, antes de fines de febrero próximo, de “negociaciones intergubernamentales, en una sesión informal de la asamblea” sobre la reforma del consejo. El tema se retira de manos del comité plenario ad hoc que había venido manejándolo y se transfiere a una sesión especial de la asamblea en la que se realizarán negociaciones intergubernamentales. Éste puede ser el quick fix (arreglo rápido) que desde hace años buscan aquellos interesados en convertirse en nuevos miembros permanentes (Alemania, Brasil, India y Japón, principalmente). Se prevé, ahora, que las decisiones se adopten por mayoría amplia, pero, sin explicitarlo, se abandona el principio de consenso para la reforma del consejo. Esto podría abrir la puerta a la elección, tan pronto como la primavera de 2009, de nuevos miembros permanentes –lo que constituye una aberración– y, si se elige a uno por América Latina y el Caribe, puede tenerse la certeza de que no será México. De esta suerte, se añade un elemento más a la inseguridad con la que, en esta ocasión, México se adentra al consejo.
Profesor Othón Salazar. In memoriam