■ El abogado del sindicato acusa de parcialidad a la JFCA
Juzgado revierte “inexistencia” de la huelga minera en Cananea
■ El 7 de enero, audiencia constitucional para resolver el fondo del amparo
Un juzgado del Distrito Federal concedió ayer la suspensión provisional contra la resolución de “inexistencia” de la huelga de Minera de Cananea, por lo que los trabajadores de esta empresa que pertenece a Grupo México no tendrán que regresar a trabajar, ya que el paro continuará.
Carlos de Buen, abogado laboral del sindicato minero, indicó que dicha suspensión provisional significa que en tanto en tribunales no se resuelva definitivamente el amparo promovido, no se podrá ordenar el reinicio de labores.
Recordó que la huelga de Cananea, que lleva más de 17 meses, fue declarada ayer “inexistente” otra vez por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), instancia que “parece estar más a favor de la empresa Grupo México que de los trabajadores, ya que ésta es la cuarta ocasión en que quiere echar abajo este paro y en tribunales le reviran sus resoluciones”.
La nueva resolución de la junta se enmarca en un aparente embate contra el sindicato minero la última semana, en el que además de que se le embargaron todas las cuentas bancarias a esta organización –e incluso los fondos de apoyo de las viudas de Pasta de Conchos–; se detuvo e incluso ya se declaró el auto de formal prisión a Carlos Pavón y Juan Linares Montúfar, dos líderes de la organización; y se amenaza con órdenes de aprehensión contra cerca de 50 líderes mineros en Cananea.
El abogado expuso que si se afirma que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, está litigando desde su puesto es porque desde que llegó se agudizó la embestida contra el gremio minero, siendo que el ahora funcionario estuvo en varias reuniones en la Secretaría del Trabajo como representante de Grupo México.
Según explicó, fue el juez sexto de distrito en materia de trabajo del Distrito Federal el que concedió la “suspensión provisional” total, lo que significa que los trabajadores no tienen que regresar a trabajar. Refirió que la vez pasada un juez concedió también la suspensión, pero con una polémica condición: que los trabajadores que no estuvieran de acuerdo con la huelga podían regresar a trabajar. En esta ocasión definitivamente no hay esta posibilidad.
Por ello continúa el estado de huelga, las banderas siguen colocadas y no hay posibilidad de que se reinicie la producción hasta que se resuelva sobre el amparo. Incluso el 16 de diciembre habrá una audiencia incidental para ver si se ratifica la suspensión definitiva, y el 7 de enero habrá una audiencia constitucional para resolver el fondo del amparo, señaló De Buen.
Hizo ver que hay confianza en que se otorgará el amparo al sindicato porque realmente es “ridícula, penosa y sin fundamento” la resolución de la junta de declarar la “inexistencia” de la huelga; sin embargo, en caso de que no se les otorgue el amparo, podrá ser impugnado mediante el recurso de revisión y se iría a un tribunal colegiado, que resolvería en definitiva el caso.
Esto es porque la resolución señala que quien firmó el emplazamiento a huelga, Gilberto Eufrasio Franco –secretario del trabajo del sindicato–, “tiene facultades para promover una huelga, pero no para firmar el pliego de peticiones de un emplazamiento”, lo cual es “absolutamente ridículo”, porque obviamente quien está facultado para hacer un trámite también puede firmarlo.
A fin de atacar al sindicato, el gobierno y las empresas están dispuestos a “cualquier estupidez”, y la junta emite resolutivos “demasiado forzados”, ya que la intención “no es al parecer resolver de fondo el conflicto, sino acabar al sindicato”.