■ Intentan reformar en San Lázaro la Ley de Aviación civil
Presentan iniciativa para hacer más estrictos los procesos de licitación
El Partido de la Revolución Democrática (PRI) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Aviación Civil con el objetivo de endurecer los procesos de licitación para servicios aéreos o adquisición de aeronaves y que los tres poderes de la Unión participen en la selección, así como las entidades federativas.
De aprobarse el dictamen, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de la Dirección de Aeronáutica Civil, y la Secretaría de la Función Pública deberán emitir un dictamen favorable en materia de seguridad y cumplimiento de los reglamentos por parte de los concesionarios o permisionarios.
Gustavo Cárdenas, presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, expuso el contenido de la iniciativa de reforma al artículo 31 de la Ley de Aviación Civil, a efecto de que todas aquellas operaciones que tengan que ver con la prestación de servicios para el gobierno federal, municipios, gobiernos de los estados y entidades públicas, se realicen con el visto bueno de las autoridades especializadas en el tema.
“La Federación tiene aproximadamente 800 aeronaves. Éstas necesariamente deben ser revisadas y auditadas para constatar el estado físico que guardan, para que éste, a su vez, sea garantía de que están en buenas condiciones y puedan prestar servicio y no son un peligro para la sociedad”.
Además, la iniciativa pretende incluir los artículos 93, 94 y 95, relacionados con la seguridad, para que en todas aquellas licitaciones, las cuestiones técnicas y administrativas se hagan de forma conjunta y se garantice que se contraten o se compren aeronaves en condiciones correctas.
–¿No se descartarían actos de corrupción en este ámbito de la aeronáutica?
–Precisamente estamos buscando que se vinculen las dos secretarías para dar toda la transparencia a esto, tanto las cuestiones técnicas como administrativas, y que se garantice el que no haya actos de corrupción y que se está comprando o contratando lo que realmente vaya a dar garantía y seguridad al país, a los estados y municipios.
La redacción del artículo 31 establece que el dictamen emitido habrá de ser favorable en materia de seguridad y de cumplimiento con todos los requisitos de esta ley y su reglamento, para lo cual establecerá un área específica con recursos humanos y financieros necesarios para la realización de los trabajos correspondientes. Dicho documento debe ser emitido antes del fallo, por lo que deberá abarcar a todos los participantes en los procesos citados en este párrafo.