■ La aeronave fue adquirida casi 2 millones de dólares por encima del precio promedio
Abundan las irregularidades en la compra, en diciembre de 2003, del Learjet 45 siniestrado
En el proceso de compra del Learjet 45 (siniestrado el 4 de noviembre pasado) el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) pidió –a quien sería su gestor para tal adquisición– una garantía mínima de la aeronave contra vicios ocultos “por un mes o 30 horas del vuelo”, una vez que el aparato fuera utilizado por su nuevo dueño: el gobierno mexicano.
Era diciembre de 2003 y la licitación fue otorgada –en un concurso fast track realizado en menos de un mes– a Servicios Aéreos Estrella, cuyos representantes viajaron a Suiza a comprar un Learjet modelo 45 por 7.5 millones de dólares, esto es, alrededor de 2 millones de dólares más del precio promedio de aquel momento.
Cabe recordar que el valor mercantil había sido afectado tras una alerta girada meses antes por la FAA (Federal Aviation Administration, máxima autoridad de aviación civil de Estados Unidos) acerca de la urgente necesidad de enviar los Learjet 45 a los talleres del fabricante para cambiar una pieza fundamental para el control de la aeronave (La Jornada, 16 de noviembre).
En el acta de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional 04100001-035-03, “para la adquisición de una aeronave ejecutiva seminueva”, realizada a las diez de la mañana del 2 de diciembre de 2003, los representantes del Cisen para esta gestión respondieron diversas preguntas de los ocho interesados en ganar el contrato.
En la copia de las preguntas y respuestas efectuadas en ese acto se establece en el numeral cinco: “pregunta: en el párrafo 4.2 indican que hay que presentar garantías contra vicios ocultos; podrían indicarnos claramente a qué se refieren, ya que la aeronave es usada o semiusada (sic).
“Respuesta: Garantía mínima de un mes o 30 horas de vuelo a partir de reinicio de operaciones del aeronave (sic) por la convocante”.
En otra parte del cuestionario se establece: “pregunta: en el párrafo 4.1 se indica que la fecha de entrega será como máximo el 30 de diciembre de 2003. Se ha considerado que la apertura económica de las propuestas será el día 15 de diciembre de 2003. Qué día se tiene programado para el fallo de esta licitación.
“Respuesta: 16 de diciembre de 2003 (…) La nave será entregada el 30 de diciembre de 2003.”
Los elementos anteriores y muchos otros concernientes al proceso de compra del Learjet 45 y la posterior “entrega” administrativa, en mayo de 2007, del Cisen a la Secretaría de Gobernación (SG), son analizados actualmente por la Secretaría de la Función Pública, luego de una denuncia interpuesta por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
En tanto, un ciudadano interpuso demandas en los órganos de control en otras dependencias, incluidos el Cisen y la Procuraduría General de la República (PGR).
La investigación oficial en la SFP busca deslindar sólo responsabilidades administrativas mas no penales aun cuando en el acontecimiento del pasado 4 de noviembre murieron 15 personas: nueve tripulantes (entre ellos el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño) y seis personas que se encontraban en tierra, además de heridos y daños materiales a inmuebles y estructura urbana.
El actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, declaró ayer que “todo tiene su tiempo” y que lo que se investiga actualmente es “la irregularidad de ciertos procedimientos administrativos, sin que esto –a este momento– pueda determinarse que es relevante o no con la causa del accidente”.
Sin embargo, algunos de los funcionarios responsables de la elaboración y seguimiento de las bases de licitación (que resultaron en favor de Servicios Aéreos Estrella) tendrían que investigarse a sí mismos porque continúan como parte del equipo cercano del actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien era director general del Cisen cuando se tramitó la compra de la aeronave.
El secretario Gómez Mont, abogado penalista, afirma que “todo tiene su tiempo”; no obstante, ya pasaron cinco años desde que se licitó la compra del Learjet 45 y, aun si avanzara una demanda para investigar la responsabilidad en los hechos en los que perdieron la vida varias personas, algunos de los eventuales delitos penales podrían, para entonces, haber prescrito.
Los detalles de los procesos administrativos en referencia –contenidos en abultados expedientes– fueron entregados también a los presidentes de las comisiones de Comunicaciones del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. Pero los legajos y petición de investigación administrativa y penal no los giró la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sino José Luis Moya, un ciudadano que se dedica a documentar casos de corrupción. Parte de sus acciones las sustenta en indagatorias propias y en datos obtenidos a través de solicitudes al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Afirma que trabaja de manera independiente y ya entregó también la información recopilada a diversas dependencias, incluida la oficina del titular de la SCT, Luis Téllez.
Además de las presuntas irregularidades de origen de la compra y operación de la aeronave siniestrada el pasado 4 de noviembre (relacionadas con un posible sobreprecio y fallas en procesos de licitación) existen otras situaciones atípicas, relacionadas con vuelos no autorizado realizados en el aparato.
La Auditoría Superior de la Federación concluyó, en el análisis de la cuenta pública de 2006 (página 201), que existen elementos para la promoción de responsabilidades administrativas en el uso de la aeronave. Por ello solicitó al órgano interno de control del Cisen resolviera y, en su caso, fincara las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que intervinieron en el asunto “consistentes en haber utilizado la aeronave Lear Jet 45, con número de matrícula XC-VMC, para el traslado de personal de otras instituciones gubernamentales, sin contar con la autorización expresa del secretario de Gobernación”.