■ Firma convenio con la Secretaría de Desarrollo Social
Capacitará IFE a funcionarios sobre las restricciones en materia electoral
Al firmarse un convenio de colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y el Instituto Federal Electoral (IFE) para capacitar a los funcionarios de esa dependencia acerca de las restricciones a que los obliga la reforma electoral, el consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, sostuvo que en una “democracia de calidad no se puede consentir, bajo ningún concepto, el desvío de recursos públicos hacia la promoción de quienes tienen la alta responsabilidad de pertenecer al servicio público”.
En su oportunidad, el titular de la Sedeso, Ernesto Cordero Arroyo, señaló que en un año electoral “es indispensable reforzar las acciones en materia de blindaje, evaluación, educación cívica y cultura democrática”.
Indicó que en la actualidad la gestión pública está sujeta a restricciones y al ejercicio de la transparencia, elementos básicos de un sistema democrático.
El convenio indica que el IFE proporcionará capacitación acerca del marco constitucional y legal en materia electoral, en las oficinas centrales y en las delegaciones de la Sedeso. Durante la ceremonia, el secretario ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo Molina, presentó una síntesis de las restricciones que tienen los funcionarios federales con la nueva regulación.
Citó, por ejemplo, que con la reforma se pretende evitar el desperdicio de recursos públicos en la promoción personal de funcionarios, para lo cual hay restricciones en los esquemas de publicidad, de manera que ya no podrán difundir promocionales con su imagen.
Indicó que como consecuencia de la reforma, las responsabilidades de la autoridad electoral crecen a efecto de regular estas cuestiones pues, por ejemplo, “la confusión entre el funcionario en su carácter de tal y eventualmente como candidato, alteraba el trabajo de los gobiernos y la propia función pública”.
Jacobo Molina subrayó que el propósito de la reforma es “evitar que los servidores públicos distorsionen la equidad de la competencia electoral entre partidos; que se apliquen con imparcialidad los recursos públicos para los fines a los cuales están destinados y que no se desvíen para fines electorales, de promoción del voto o imagen de los funcionarios públicos”.
Valdés destacó que uno de los acuerdos adoptados por el Consejo General del IFE en 2006 fue restringir la difusión publicitaria gubernamental –40 días antes de la elección–, que ahora se ha incorporado en la legislación.
El consejero presidente del IFE indicó que en una democracia de calidad tampoco pueden aceptarse incumplimientos a la ley por parte de quienes pretendan alcanzar una candidatura mediante “imágenes, voces y símbolos prohibidos por la legislación electoral vigente”.
Consideró que la democracia demanda que el convencimiento ciudadano sea mediante las propuestas y no con la incorporación de dinero de manera ilícita.
La democracia, agregó, debe ser un ejercicio responsable de la libertad de expresión, la equidad en el acceso a la radio y la televisión, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la rendición de cuentas.
Valdés Zurita subrayó que la confianza ciudadana en las elecciones no es responsabilidad de una institución, sino que debe ser un objetivo en que se involucren y corresponsabilicen diversas dependencias, actores políticos y autoridades electorales.