■ Ganan juicio a Coppel, pero se desisten tras secuestro de su líder

Amenazan a ejidatarios de Sinaloa

Culiacán, Sin., 7 de diciembre. El sexto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito determinó restituir 61 hectáreas al ejido El Quince, las cuales estaban en manos de la empresa Coppel desde 1996 y actualmente forman parte del desarrollo inmobiliario La Primavera, al sur de Culiacán.

Pero la victoria no fue más allá de los tribunales porque, después de 11 de años de batallas legales y de que se emitió el fallo, los campesinos de El Quince se desistieron debido a que su dirigente, Loreto Alfaro, recibió amenazas de muerte y desconocidos lo levantaron y le advirtieron que no se metiera con gente “tan poderosa”.

El veredicto referente al dictamen 164/2008 se emitió por unanimidad el 15 de octubre, ya que los magistrados consideraron que los Coppel –propietarios de la cadena de tiendas de autoservicio del mismo nombre y de empresas de los giros inmobiliario y textil, entre otras– se apoderaron de las tierras en forma irregular.

El resolutivo también invalida los trabajos que realizó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) para legitimar la adjudicación.

Las tierras están dentro del complejo inmobiliario La Primavera,donde se construyeron amplias y lujosas residencias junto a un lago artificial, un restaurante y un área recreativa.

El acuerdo dice: “La justicia de la Unión ampara y protege al comisariado ejidal del poblado El Quince, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, contra el acto que reclamó del Tribunal Superior Agrario”.

Además, deja en claro que los Coppel actuaron en complicidad con funcionarios y empleados del Procede, la Procuraduría Agraria y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la sentencia, la empresa Kyara SA de CV –que maneja La Primavera y pertenece al Grupo Coppel– deberá devolver las tierras a los ejidatarios o pagarles el valor de la superficie (unos 2 mil millones de pesos).

Sin embargo, el fallo se quedó en palabras. El primero de diciembre Alfaro acudió al Tribunal Superior Agrario y se desistió. Al parecer, la empresa Kyara cuenta con un documento firmado el 28 de noviembre pasado, en el cual el dirigente ejidal se desiste de toda acción legal en lo que se refiere a las 61 hectáreas. Se desconoce si esto implicó el pago de las tierras a los ejidatarios.

“Firmamos un papel. No queremos problemas. Eso es lo único que les puedo decir, que no queremos problemas”, dijo un campesino que pidió anonimato. Otro agricultor manifestó que luego de un “calambrito”, prefirieron conservar la vida.

El 30 de diciembre de 2006 el ejido vendió 288 hectáreas a un supuesto prestanombres de los Coppel, por 4.5 millones de pesos; después los Coppel lo adquirieron por 84 millones de pesos. El metro cuadrado en La Primavera –proyecto iniciado hace alrededor de 15 años— cuesta entre 5 mil y 6 mil pesos.

Entre otros presuntos prestanombres figuran los de María del Rocío Calvo Manrique, cuñada de Enrique Coppel; Ricardo Valenzuela Johnson, arquitecto del Grupo Coppel; José María Espinoza de los Monteros Torrero, amigo de la familia, y una secretaria del consorcio, Enriqueta Matus Herrera. Diecisiete supuestos prestanombres recibieron 288 hectáreas, pero se quedaron con superficies mayores a la otorgada por el ejido, de 343 hectáreas, donde se ubican las 61 hectáreas reclamadas.

“El ejido fue ilegalmente privado de la superficie reclamada desde el momento en que se levantó el acta de asamblea general de ejidatarios del 14 de enero de 1996, en que la asignación de terrenos a favor (de prestanombres de los Coppel) se realizó con vicios y defectos que perturban seriamente el orden público del poblado enjuiciante”, dice el dictamen del juzgado.

En un párrafo del resolutivo se expone que el despojo a El Quince se derivó de actos premeditados por los socios de Coppel Sociedad Anónima de Capital Variable, quienes en complicidad con personal de las instituciones demandadas, y “en uso de notorio tráfico de influencias y complicidades”, idearon un esquema que les permitió en principio adquirir las 288 hectáreas mencionadas y, por otra parte, encubrir el despojo de la superficie de 61 hectáreas que forma parte del mismo polígono.

Edgar Ibarra, asesor legal de los campesinos, se dijo extrañado por el desistimiento –en el que no participó– y advirtió que el tribunal podría no aceptar este recurso, ya que los derechos ejidales son irrenunciables.