■ El ombudsman nacional envía recomendación al gobernador de Nuevo León
Omisiones y negligencia en investigación sobre comunicadores: Derechos Humanos
■ Durante 11 meses y 16 días las autoridades estatales no actuaron, afirma la comisión
En la integración y pesquisa de la averiguación previa sobre la desaparición de Gamaliel López Candanosa y Gerardo Paredes Pérez, reportero y camarógrafo de Tv Azteca Noreste, hubo “omisión, dilación y negligencia de agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado”, afirma el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, en la recomendación 59/2008 que envió al gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás.
Tras la desaparición de López Candanosa y Paredes López, el 10 de mayo de 2007, “durante 11 meses y 16 días se omitió actuar”, sostiene el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en dicha recomendación.
Destaca: “del análisis lógico-jurídico de las evidencias, con pleno respeto a las facultades conferidas a la autoridad ministerial y sin que se pretenda interferir en la función de investigación y persecución de los delitos, la CNDH advierte conductas y omisiones violatorias de los derechos fundamentales de los señores López Candanosa y Paredes Pérez por servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León”.
Refiere que el 10 de mayo de 2007 los comunicadores cubrían una orden de trabajo en la zona metropolitana de Monterrey, desconociéndose desde entonces su paradero. “Los días 12, 13 y 14 de mayo de ese año sus familiares comparecieron ente la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad para presentar formal denuncia respecto de la ausencia de los agraviados, por lo cual la agencia del Ministerio Público especializa en delitos cometidos contra la vida y la integridad física número uno comenzó la averiguación previa 35/2007-1-1.”
En la indagatoria, la CNDH detectó que “hubo dilación” , ya que en el oficio 497/2008, con fecha 13 de junio, “un agente del Ministerio Público refiere –a la comisión– que hasta el mes de mayo de ese año se solicitó la colaboración de sus homólogos de los 31 estados de la República y el Distrito Federal.
“Ello implica que entre el 8 de junio de 2007, fecha de la última acción, y el 29 de mayo de 2008, transcurrieron 11 meses y 16 días, en los cuales se omitió actuar, considerando que en el citado informe no se hace referencia a otras actuaciones que se hubiesen realizado en la indagatoria.”
Apunta que de la consulta hecha a las constancias de la averiguación previa 35/2007-1-1 “se advierte que los agentes del Ministerio Público encargados de su integración incurrieron en dilación durante el trámite correspondiente, constituyendo una violación a los derechos fundamentales de los agraviados, en cuanto a acceso a la justicia, legalidad y seguridad jurídica, así como a la debida procuración de justicia”.
Aunado a ello, sostiene la comisión, el representante social incurrió también en omisión, “toda vez que no giró oportunamente los citatorios, órdenes de comparecencia, búsqueda, localización, investigación y presentaciones que fueran necesarias de las personas físicas o morales relacionadas con los reporteros. Tampoco solicitó el auxilio de todas las corporaciones policiacas del estado y municipios de Nuevo León. Además, no recabó en las dependencias y entidades oficiales en general informes, documentos y opiniones relacionados con la indagatoria, considerando que existía el indicio de amenazas previas”.