■ El cambio pone énfasis en la unidad familiar de los efectivos castrenses

Reforman la ley para frenar elevada deserción de militares

■ Se busca “cerrar el paso a la tentación de pasarse a la delincuencia organizada”, expresa el diputado José Manuel del Río Virgen

Enrique Méndez

Con objeto de evitar la elevada deserción en el Ejército –28 mil efectivos en los primeros dos años del gobierno de Felipe Calderón y 100 mil en el sexenio foxista–, la Cámara de Diputados reformó el marco legal que rige la actuación del Ejército y de la Armada para conceder licencias de seis a 12 meses a los militares y marinos en activo, y evitar así la “separación de la unidad familiar”.

La reforma, aprobada por unanimidad, señala que la actividad de los militares los lleva “a un alejamiento de la vida familiar y, muchas veces, la imposibilidad de conformar, de manera estable, un círculo social”.

Al explicar el alcance de las modificaciones, que beneficiarán tanto a tropa, como a jefes y altos mandos, el ex presidente de la Comisión de Marina, José Manuel del Río Virgen, aseguró que también se busca darles seguridad en el empleo “y cerrar el paso a la tentación de pasarse a la delincuencia organizada”.

El dictamen aprobado modifica los artículos 175 bis de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como el 81 bis de la Ley Orgánica de la Armada de México, para delimitar con claridad los tiempos de las licencias, que serán otorgadas por una sola vez al personal que lo solicite, así como el momento en que los militares y marinos pueden pedirlas.

Así, se otorgarán licencias a la tropa de 6 a 12 meses a partir de que cumplan 25 años de servicio, así como a los generales, jefes y oficiales a partir de 30 años en servicio. Los mismos periodos se aplicarán para las clases y marinería, así como almirantes, capitales y oficiales de la Armada.

Uno de los objetivos de la modificación es que al acercarse la edad de retiro de los militares y marinos, éstos aprovechen las licencias para gestionar los trámites para su baja y pensión, o bien para preparar su radicación definitiva en una ciudad o región.

Actualmente, señala, “la diversidad de comisiones que se asignan al personal de las fuerzas armadas en el transcurso de su vida militar conlleva cambios de residencia derivados de la obligación de prestar servicios en diversos puntos del territorio nacional, a los que se trasladan con sus familias, cuando así lo permiten las nuevas condiciones de vida, con los consecuentes cambios de escuelas y rompimiento de su círculo social, y la mayoría de las veces genera separación de la unidad familiar cuando los hijos que realizan estudios de preparatoria o superiores deben optar por establecerse en determinado lugar para continuar sus estudios, y dejan de acompañar a la familia”.

En ese contexto, también se incluyó un mecanismo de prejubilación, análogo al que existe en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para permitir “un beneficio similar para el personal militar próximo a causar alta en situación de retiro por edad límite”.

De esta manera, las consideraciones expuestas por las comisiones de Defensa Nacional y de Marina que avalaron la iniciativa que Calderón presentó al respecto, indican que los militares y marinos próximos al retiro forzoso por alcanzar la edad límite pasen a disposición de la dirección de su arma o servicio o sean agregados a un organismo cercano adonde pretendan residir cuando se retiren, y se estableció la figura de “licencia por edad límite”, para que los integrantes de las fuerzas armadas aún en servicio activo cuenten con tiempo y espacio para planear y preparar su jubilación, sin que ello afecte su cómputo de servicio y los beneficios respectivos.

Con ello, argumentan, la adopción de este beneficio permitirá incentivar la permanencia del personal militar y naval, con la finalidad de aprovechar su experiencia, capacitación y preparación, si se toma en cuenta que militares relativamente jóvenes solicitan pasar a situación de retiro después de 20 años de servicio y realizar otras actividades “que les permitan reintegrarse al ámbito civil, así como integrarse de manera plena a la vida familiar, estabilizarse en lo que será su entorno en un futuro inmediato”.