■ Ya metidos en las pesquisas, nos encontramos con más cosas, señala Salvador Vega Casillas

Aumenta la Función Pública líneas de investigación en accidente aéreo

■ Reconoce que existen redes de corrupción que manipulan procesos de licitación y trámites públicos

■ “Pasamos a un gobierno en que no puede hacerse casi nada por tanta normatividad”, asegura

Elizabeth Velasco C.

El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas, reveló a La Jornada que esa dependencia ha abierto 32 nuevas líneas de investigación sobre el accidente en que perdieron la vida Juan Camilo Mouriño y el ex fiscal antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos, entre otras personas, el 4 de noviembre pasado.

En las nuevas pesquisas se introducen los antecedentes negativos de la empresa Servicios Aéreos Estrella (SAE), que adquirió el Learjet 45 en 2003, vía licitación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y la advertencia de la otrora Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora SFP) en 2005, sobre los antecedentes de SAE, multada en Estados Unidos por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

En entrevista, advirtió que se elevará el castigo para los funcionarios que incurran en cohecho: “quien cometa un acto de corrupción, que sepa que no sólo se va a enfrentar a una inhabilitación o sanción administrativa, sino también le vamos a seguir penalmente”. Una muestra, dijo, es que “se ha pasado de ocho denuncias penales –presentadas el sexenio anterior– a 56, donde están involucrados servidores públicos y empresarios”.

Aún más: la SFP ha emprendido el replanteamiento de todo el sistema de adquisiciones de bienes y servicios del gobierno federal, “y la tramitología”, para limitar el cohecho en los procesos de licitaciones y entrega de apoyos federales.

Para el caso de las compras y adquisiciones vinculadas a seguridad, se ha establecido un modelo que, según el caso, se podría reproducir en otras dependencias. “Para esa área creamos un comité donde se analizan las compras, se ponen los precios de cada uno de los proveedores, se les conoce y clasifica, y en ese comité se decide entre varias personas. La ley permite una designación directa, pero lo que hacemos es tomar entre todos las decisiones con toda transparencia: las compras, la calidad de los productos, los precios. Cuando se toma entre todos la decisión se deja de estar en el ámbito cerrado de una o dos personas.”

Vega Casillas destacó que las nuevas indagatorias sobre el accidente se integran en tres expedientes, que involucran desde los procesos de licitación de la Secretaría de Gobernación y del Cisen hasta cuestiones técnicas y de aeronáutica a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

“Es verdaderamente complejo, porque además, ya metidos en la investigación, nos encontramos con cosas que no tenían relación con el accidente o con la investigación que tenemos”; por eso “ya llevamos 32 líneas abiertas”.

Las indagatorias de la SFP, dijo, son independientes de las de la SCT, de las autoridades de aeronáutica del país y de Estados Unidos, y de la PGR.

En larga conversación, admitió que existen “redes de corrupción” entre funcionarios y empresarios que “manipulan” los procesos de licitación y trámites públicos, situación prohijada por la excesiva normatividad en los procesos para la adquisición de servicios y compra de bienes.

“Mientras sigamos con la misma cantidad de trámites, muchos tortuosos, existen oportunidades de corrupción.” Por ello se ha optado por crear comités plurales de adquisiciones y generalizar los trámites públicos vía electrónica, para evitar el contacto entre funcionarios y ciudadanía.

Vega Casillas destacó que la excesiva nomatividad provoca además el subejercicio del presupuesto federal, cuyo monto “es muy difícil determinar”. Lo paradójico es que cada una de las 245 entidades de la administración pública federal se “autoimpone” su propia normatividad, y la SFP obliga a las dependencias a revisarla.

–En el caso del Learjet, ¿por qué Gobernación, el Cisen y la SCT aplicaron cada una sus propias normas para la adquisición?

–Porque así está la normatividad; ellas tomaban su decisión.

–¿Así van a dejar las cosas?

–No, vamos a hacer la investigación y a establecer un sistema estandarizado para las compras. Por otra parte, el Cisen ya está en el comité de compras de seguridad; esto se va a aplicar en toda la administración.

El funcionario sostuvo que “la raíz de estos casos está en las licitaciones; en la complejidad de éstas y en la manipulación”.

–Por ello usted afirmó hace unos días que hubo corrupción en el accidente del Learjet 45.

–La respuesta fue: “por supuesto que sí es posible, por eso estamos investigando”; eso es parte de las líneas de investigación. Son dos empresas, una es Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva (contratada por Gobernación para el mantenimiento del jet, cuyas operaciones ya suspendió la SCT) y Servicios Aéreos Estrella.

–¿Cómo hacer para que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder?

–Estamos revisando muchas de las formas en que el gobierno adquiere. Antes de esto (del accidente) creamos en la Función Pública una unidad de compras gubernamentales, para justamente analizar desde el punto de vista económico toda la forma de comprar del gobierno federal, para evitar esto y para mejorar las condiciones de compra.

–En este procedimiento de compra, ¿qué provoca que no se adquiera lo que se necesita o que no se tengan las condiciones de seguridad necesarias?

–Porque se tiene una visión completamente normativa y no económica.

La normatividad no abatió la corrupción, sino que se volvió “una camisa de fuerza” en unos casos para no ejercer el presupuesto, y en otros se “usó para orientar la compra hacia quien ellos querían y con requisitos que nadie más pudiera cumplir.

“La administración federal tuvo un movimiento de péndulo: pasamos de un gobierno en que antes se podía hacer lo que se quisiera a otro en que no puede hacerse casi nada por tanta normatividad. Tenemos que regresar el péndulo al justo medio y darle prioridad a la eficacia y eficiencia del gobierno, sin descuidar el control y combate a la corrupción”.