El debate, “sin razón de ser”; México suscribió acuerdos y protocolos sobre la medida: ONG
En el informe sobre la situación de los derechos humanos en México que envió el gobierno federal a Naciones Unidas, y será analizado en febrero de 2009, se resalta entre los principales avances la reforma constitucional de 2005, con la que se abolió la pena de muerte. Además, el país ha suscrito protocolos y acuerdos internacionales para eliminar ese castigo, por lo que la polémica de los días recientes no tiene razón de ser, aseguraron organismos de derechos humanos.
Amnistía Internacional señaló que las autoridades tendrían que hacer cumplir el Estado de derecho para garantizar la seguridad pública, y planteó que los partidos y gobernantes utilizan el asunto de la inseguridad irresponsablemente al sugerir que la pena de muerte es una respuesta efectiva frente a la delincuencia.
El organismo destacó que las propuestas que buscan una salida fácil sólo refuerzan un clima de venganza social, con el riesgo de justificar el uso de la pena de muerte y la comisión de otras violaciones graves a los derechos humanos como la tortura, el maltrato, las ejecuciones o las detenciones arbitrarias. Todas estas medidas provocarían ilegalidad e injusticia.
El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria planteó que los legisladores y servidores públicos que proponen la pena de muerte desconocen el marco jurídico nacional y los compromisos internacionales contraídos por México en esta materia.
México forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en 1969, en la que los firmantes se obligan a no restablecer la pena de muerte en los estados que la han eliminado.
En 1976, el país se comprometió con el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en 1989 se sumó al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual establece en su artículo primero que “no se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado parte”, además de que cada firmante “adoptará todas las medidas para abolir la pena de muerte en su jurisdicción”.
Un compromiso más en este sentido fue asumido por México en 1990, cuando se adhirió al Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativos a la abolición de la pena de muerte.
Además, dentro de Naciones Unidas, nuestro país también tiene la obligación de reportar sobre la situación de los derechos humanos de los mexicanos cada cuatro años. Para el primer ejercicio de este tipo, el gobierno calderonista envió un informe al Consejo de Derechos Humanos del organismo multilateral, en el que resalta entre los avances la abolición de la pena de muerte.
La presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, Rosaura Ruiz Gutiérrez, dijo que la pena de muerte es una medida “primitiva” y éticamente el Estado no puede actuar con medidas vengativas y tampoco puede matar. Agregó que personas inocentes estarían en peligro, por lo “que el gobierno debe detener a los criminales y encarcelarlos, pero no matarlos”.