■ El gobernador panista de Guanajuato se manifiesta contra la “cultura de la muerte y la violencia”

Apoyan Reyes Baeza y Hernández Flores consulta sobre pena capital

■ “Demagógica e irresponsable”, la propuesta de gobernantes; deben aplicar acciones eficaces para enfrentar la delincuencia: Jesús Ortega

■ El ombudsman del DF sugiere discusión tras comicios de 2009

De la redacción

Los gobernadores priístas de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, y de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, se manifestaron ayer en favor de someter a consulta pública en todo el país la propuesta de restablecer la pena capital para secuestradores que maten a sus víctimas, pero el mandatario de Guanajuato, el panista Juan Manuel Oliva Ramírez, comentó: “Estamos siempre en contra de la cultura de la muerte y de la violencia”.

Jesús Ortega, dirigente nacional del PRD, pidió a los gobernantes que promueven esta polémica ponerse a trabajar con acciones eficaces para enfrentar la delincuencia “en lugar de hacer propuestas demagógicas e irresponsables”; en tanto, el ombudsman del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, de plano pidió aplazar la discusión para después de los comicios de 2009 para que el tema no sea usado con fines electorales.

Baeza Terrazas indicó que está dispuesto a someter a una consulta pública la propuesta de que se restaure la pena de muerte para crímenes graves, luego de aseverar que el esquema de leyes para sancionar delitos como el secuestro ya no funciona ante la realidad que vive el país.

Comentó que es necesario analizar con objetividad si la pena capital puede disminuir la incidencia criminal y mostró su disposición a apoyar una consulta pública para que se debata la propuesta del gobernador de Coahuila y se reforme la Constitución para restablecer el castigo.

El gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, aseguró que dado el contexto de inseguridad que prevalece en el país no resulta aberrante analizar la propuesta de pena de muerte para secuestradores, pues debe ser aplicada si ayuda a disminuir la delincuencia.

Entrevistado tras inaugurar la 15 reunión plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, efectuado en Tampico, el mandatario estatal manifestó: “Hay acuerdos firmados por el Senado de la República en los que nos comprometemos a no aplicar la pena de muerte, por eso tiene que ser debate nacional”.

Su homólogo de Guanajuato, el panista Juan Manuel Oliva Ramírez, comentó: “Yo en lo particular promoví, junto con senadores del PRI, una iniciativa para reformar el artículo 22 constitucional en 2005 para cancelar la pena de muerte que aún estaba consignada en este artículo” señaló.

En breve, anunció, se enviará al Congreso local un proyecto para que en el estado se castigue con 65 años de prisión a los plagiarios, “obviamente con otras penas concurrentes que puedan sumar más años de castigo”.

En respuesta al gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, quien el jueves dijo en Washington que estaría en favor de la pena de muerte si hay consenso mayoritario en el país, el dirigente perredista Jesús Ortega reiteró que se trata de un planteamiento demagógico y se aprovechan de la angustia de la gente para sacar raja política.

Señaló que los gobernadores que apoyan esta medida quizá lo hacen porque piensan que la mayoría de la gente está en favor, “en lugar de tomar medidas efectivas contra la inseguridad ofrecen a la gente alternativas para resolver la rabia, el coraje, la indignación, pero eso no resuelve el problema”.

Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, la discusión sobre la viabilidad de la pena de muerte en México debe realizarse después del proceso electoral de 2009.

Entrevistado en el contexto de una conferencia en la que participó en la Universidad del Valle de México, campus Querétaro, Álvarez Icaza indicó que es necesario fortalecer y dar confianza a las instituciones, pues es evidente que no están funcionando y “les quieren dar más poder y francamente no tiene nada que ver el diagnóstico con la solución”.

Se está escalando “en un populismo punitivo que en nada nos beneficia”, señaló.

Miroslava Breach, Carlos García, David Carrizales, Mariana Chávez y Emir Olivares