■ Juan Ramón Quintana “ha venido siendo objeto de ataque mediático y político”, acusa
Defiende el gobierno de Bolivia a ministro acusado de pactar con contrabandistas en Pando
La Paz, 5 de diciembre. El ministro de Defensa, Walker San Miguel, manifestó la solidaridad del gobierno con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acusado de pactar con contrabandistas en el norteño departamento de Pando, “por ser inocente mientras no se demuestre lo contrario”, y señaló que su colega “ha venido siendo objeto de permanente ataque mediático y político”.
Quintana afirmó que las acusaciones, hechas la víspera por el ex presidente de la Aduana Nacional, general César López –de quien es además padrino de matrimonio–, son parte de una “estrategia de la difamación y de la calumnia de parte de la oposición” contra el gobierno nacional y su persona.
Parlamentarios opositores y el líder de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Gabriel Dabdoub, exigieron por que se investiguen estas denuncias, así como la renuncia tanto de Quintana como del actual prefecto interino de Pando, contralmirante Rafael Bandeira, coacusado con el primero en este caso y quien fue comandante del Comando Conjunto (CC) de lucha contra el contrabando en Pando.
El caso, que está siendo investigado por una Comisión Especial Mixta de la Cámara de Diputados (CEMCD), ante la cual López aseveró que Quintana autorizó el paso de 33 camiones cargados de enseres domésticos de procedencia china, de contrabando, interceptados el 26 de julio pasado.
Según el matutino La Prensa, el cargamento estaba valuado en al menos un millón de dólares.
Dichos camiones quedaron detenidos en Santa Rosa de Abuná, y la administración aduanera de Cobija presentó una denuncia por el delito de contrabando contra unas 50 personas, entre comerciantes y conductores de camiones.
López aseveró que Quintana le llamó el 26 de julio para decirle que “había una cantidad de vehículos con mercadería para pasar a Puerto Montevideo (frontera con Brasil) y que más tarde ingresarían en un régimen normativo”. Asimismo, que logró “acuerdos políticos en Pando” para ello.
Según La Prensa, el 21 de agosto, López se entrevistó con el presidente Evo Morales para exponerle el caso. Morales le dijo después “haz lo que diga la ley”.
El 23 de agosto, más de un centenar de contrabandistas armados recuperaron los 33 camiones y los llevaron probablemente a Puerto Montevideo. El 7 de noviembre, López fue removido del cargo de presidente de la aduana.
Por su parte Bandeira, en declaraciones a medios locales, señaló que es “absurda” la acusación de que habría ordenado dejar pasar dichos camiones, porque fue él quien ordenó detenerlos. Indicó que él cesó en la comandancia del CC el 10 de agosto.
Anoche, luego de conocerse las declaraciones de López ante la CEMCD, Quintana desmintió las mismas en una comparecencia ante la prensa en el palacio de gobierno –durante la cual no admitió preguntas– y acusó al detenido ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, de haber convertido la zona franca de ese departamento en “una chequera en blanco” para él y sus amigos.
Fernández está preso en la cárcel de San Pedro, en la ciudad de La Paz, por su presunta participación en la matanza de El Porvenir, donde cívicos y funcionarios de la prefectura pandina masacraron a 20 campesinos simpatizantes del Movimiento al Socialismo.
Por su parte el presidente de la CEMCD, diputado Javier Zavaleta, informó a este diario que el general López no presentó pruebas de sus dichos en su declaración de ayer “sólo su palabra”, e indicó que han requerido copia de un video transmitido por un canal televisivo en que uno de los contrabandistas afirma que tenían la autorización del ministro Quintana para que la aduana permitiera el paso de los camiones.
Indicó que se va a programar una cita con Quintana para escuchar su versión y buscarán si existe soporte documental o testigos de las declaraciones de López o si la acusación que hizo éste es “una denuncia sin fundamento”.
Informó que la CEMCD ha hecho imputaciones a 100 personas entre choferes y dueños de las mercaderías de supuestos contrabandistas, ya se han tomado declaraciones de las unidades que participaron en el hecho, y una vez que se conozca la versión de Quintana y Bandeiras, en 10 días podrían concluir su informe del caso.