■ Ex presidente de la Aduana Nacional lo acusa de autorizar el ingreso de mercancía ilegal

Implicado en un caso de contrabando, el ministro de Presidencia boliviano

■ El funcionario, dispuesto a declarar ante la comisión parlamentaria que investiga la denuncia

■ Se declara “en la clandestinidad” el dirigente cívico de Santa Cruz, involucrado en un atentado

Rosa Rojas (Corresponsal y agencias)

La Paz, 4 de diciembre. El ministro de la Presidencia boliviano, Juan Ramón Quintana, fue implicado hoy, al igual que el actual prefecto de Pando, Rafael Bandeira, en una investigación que lleva a cabo el Senado –de mayoría opositora– sobre un sonado caso de contrabando de mercancías, de acuerdo con una denuncia hecha ante esa instancia por un ex alto directivo de la Aduana Nacional.

El general César López, quien presidía la Aduana Nacional de la que fue relevado el 7 de noviembre, durante una comparecencia este día ante una comisión parlamentaria, acusó al ministro de haber autorizado el paso por la provincia amazónica de Pando de camiones con mercadería de contrabando, probablemente procedente de Brasil.

Afirmó que “los informes son claros y contundentes donde los comerciantes –detenidos por contrabando– señalan que sí tuvieron la autorización del ministro Quintana”, en relación a un convoy de 33 camiones que fue retenido el 27 de julio en la población pandina de Santa Rosa del Abundá y hasta el 23 de agosto, fecha en que la mercadería fue robada por los contrabandistas.

También denunció que el contraalmirante Bandeira, responsable entonces del Comando Conjunto de Cobija, capital de Pando, no apoyó la retención de los camiones ante la arremetida de los comerciantes para recuperar la mercadería en cuestión. Añadió que el ministro Quintana se molestó con los comerciantes y les reclamó que sólo habían sido autorizados de ingresar 17 camiones.

Quintana se deslindó de responsabilidades en estos hechos, y dijo estar en disposición de declarar ante la comisión parlamentaria que investiga el caso. A su vez, Bandeira aún no se ha pronunciado, pero es el hombre que remplazó en el cargo al encarcelado prefecto pandino Leopoldo Fernández, el principal acusado de la matanza de una veintena de campesinos partidarios del presidente Evo Morales el 11 de septiembre.

La comisión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) confirmó ayer la responsabilidad de Fernández en la matanza de El Porvenir y su carácter de delito de lesa humanidad, con el apoyo logístico de la prefectura de Pando, la oposición política de derecha descalificó tal informe e insistió en acusar como “instigador” del “enfrentamiento” al ministro Quintana, basándose en un discurso del 10 de agosto en que llamaba a los pandinos a revocar el mandato de Fernández.

En ese contexto, este miércoles los prefectos de Santa Cruz (Rubén Costas), de Beni (Ernesto Suárez) y de Tarija (Mario Cossío) presentaron una proposición acusatoria contra Quintana ante la Fiscalía General de la República. Pero el coordinador de la comisión de Unasur que presentó el informe, Rodolfo Mattarollo, dijo que durante las investigaciones de esa instancia no halló indicios que señalen como instigador de la matanza al ministro de la Presidencia.

A su vez, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, se declaró en la clandestinidad “a buen recaudo”, al denunciar “una persecución política a todos aquéllos que piensan distinto” al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS). El gobierno “inventó” la historia sobre la voladura de un ducto, “un hecho que nunca ocurrió”, aseveró.

Marinkovic, cabeza de la oposición de los cívicos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando contra el gobierno del presidente Evo Morales, fue involucrado en el atentado contra el gasoducto Yacuiba-Río Grande del pasado 10 de septiembre, por el dirigente cívico tarijeño Domingo Moreno, razón por la cual el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, informó que el gobierno lo incluyó en la querella por “terrorismo” abierta por dicho atentado, y le aconsejó no huir del país y preparar su defensa legal.

En entrevista con el diario El Deber, el poderoso industrial y latifundista informó que “por consejo de sus abogados y de muchos sectores sociales, está a buen recaudo”, pues hay acciones de intimidación de la policía en torno a su domicilio, pero añadió que sigue dirigiendo la campaña para asegurar que no sea aprobado el proyecto de Constitución que será sometido a referéndum el próximo 25 de enero.

En otro orden, medios de comunicación locales reportaron que fracasó el paro que había convocado para este miércoles el Comité Cívico de Tarija para protestar por la detención de su dirigente Reynaldo Bayard, y otros cinco integrantes de su comité, acusados también de haber participado en el atentado al mencionado gasoducto.

Además, ante el arribo a la plaza principal de la ciudad de una columna de unos 3 mil integrantes de la Federación Departamental de Campesinos que habían marchado durante ocho días exigiendo la descentralización a los municipios de los recursos de las regalías petroleras, que ahora percibe la prefectura tarijeña, los cívicos fueron rebasados en número y optaron por retirarse.

Mientras, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, mediante un comunicado, manifestó su malestar y rechazo por la presencia de los prefectos bolivianos opositores al gobierno de Evo Morales que en los próximos días visitarán la ciudad ecuatoriana de Cuenca para participar en el congreso de la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios, a quienes calificaron de personajes nefastos, racistas, xenófobos y al servicio de la “oligarquía criolla boliviana y del imperialismo estadunidense”.