■ Aceptan AN y PRI resguardar datos sobre criminalidad e información de las policías
Aprueban diputados la Ley General del Sistema de Seguridad Pública
■ Son medidas desesperadas; surgen del miedo de la sociedad, sostiene legisladora de Alternativa
La Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, con los votos del PRD una vez que la mayoría de PAN y PRI aceptó incluir la obligación del Centro Nacional de Información de resguardar los datos sobre criminalidad y la información de las policías, y se evitó “castigar políticamente” a los estados del país que no ejerzan el gasto en seguridad.
El dictamen presentado por la Comisión de Seguridad fue aprobado con 335 votos en favor, 39 en contra –entre éstos los de Convergencia– y 13 abstenciones de Alternativa. Al argumentar el voto en abstención de su bancada, la diputada Marina Arvizu Rivas señaló en tribuna que la legislación tiene origen en una respuesta al “horror que ha llevado a la sociedad a la impotencia y el miedo” derivados del asesinato de más de 4 mil personas.
“Es de esa situación de intenso miedo social que surge la proliferación de medidas desesperadas, dictadas literalmente por el miedo de la sociedad y de la impotencia y la demagogia en el caso de los políticos”, aseguró.
Se requiere además, expuso, de una reforma integral que pase por el combate a la corrupción de gobernantes y policías. Cuestionó la integración del Consejo Nacional de Seguridad Pública y de las conferencias nacionales de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública, donde además de funcionarios federales participarán gobernadores, procuradores y secretarios de seguridad estatales.
Afirmó: “esta ley es débil y de resultados inciertos, mientras no tengamos una reforma integral y sepamos en qué dirección vamos. Coordinar, en un sistema asambleístico nacional, lo que está podrido hasta la médula, ¿sirve de algo? Claro, sirve para coordinar 32 podredumbres y una federal, si es que no hay iniciativas conjuntas para separar las manzanas podridas de las sanas”.
Por su parte, el presidente de la comisión y diputado por el PRI, Francisco Rivera Bedoya, resaltó el control al que serán sometidos los organismos de seguridad pública de todo el país, que permitirá, definió, no sólo depurarlas sino paulatinamente retirarle al Ejército la responsabilidad de “ejercer el trabajo policiaco que por la ineficiencia e incapacidad de nuestros cuerpos policiacos han obligado a ejercer” a las fuerzas armadas.
Es evidente, manifestó, y para nadie es secreto, que la mayor parte de las policías del país están infiltradas por la delincuencia y que en los municipios “es una verdadera calamidad, por el control que ejercen las bandas delictivas; pero lo hemos visto también a escalas estatal y federal, y el pueblo ya no puede seguir viviendo con ese tipo de corporaciones”.
Refirió que si bien se vigilará la inversión de los recursos federales transferidos para seguridad a los estados, “se cuidaron los dientes de la ley para no perseguirlos políticamente, sino que se dé derecho de audiencia a cualquier entidad que observe un retraso o incumpla algún compromiso”, antes de que la Secretaría de Hacienda les retenga las transferencias para este rubro.
Rivera Bedoya defendió que la legislación “cambia el modelo del sistema policial mexicano y ojalá sirva para remediar el problema que lacera a México, y sacar de las corporaciones a los delincuentes que están ahí incrustados. Vamos a acabar con ese lastre”.
Falta de coordinación
Andrés Lozano, del PRD, sostuvo que la crisis del sistema de seguridad se explica “porque no existe coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, y no hay confianza para que las entidades integren una sola base de datos criminalísticos, policiacos ni de armamento”.
Consideró relevante el equilibrio impuesto en el uso de la fuerza policiaca para evitar abusos contra la población civil. “Ésta se debe limitar a una aplicación legítima, debe ser el último recurso: toda la fuerza del Estado contra los narcotraficantes, los secuestrados y quienes han desequilibrado al país y nos hacen vivir con temor. Pero también, respeto a las garantías y a los derechos humanos”, señaló.
En tanto, el diputado panista Armando Olvera aseguró que la ley permitirá a la ciudadanía estar “plenamente informada de los límites del uso de la fuerza pública”, así como contar con “un solo escudo contra la delincuencia organizada”. Dijo que si bien la legislación –que fue turnada a la Cámara de Senadores– no es la solución definitiva a la inseguridad, “es una sola herramienta y da armas a los gobiernos estatales y municipales para poner en orden sus cuerpos de seguridad y que presten un servicio eficaz”.