■ CNDH, Iglesia, ONG y partidos se manifiestan en contra; divisiones entre los priístas
Rechazo generalizado a debatir la pena capital contra secuestradores
■ El PAN advierte que detendrá la iniciativa y amenaza a Humberto Moreira con juicio político
■ Es “un método de venganza, no de justicia”, que puede utilizarse con otros fines, advierten
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En la sesión del martes, diputados panistas de Coahuila ocuparon durante unos minutos la tribuna del Congreso estatal, en un intento fallido por impedir que se votara la propuesta enviada al Legislativo federal para que se analice la restauración de la pena de muerte
Foto: Agencia Infonor
La decisión de la Legislatura de Coahuila de enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para aplicar la pena de muerte a los secuestradores que asesinen a sus víctimas provocó posturas encontradas en el Senado y en la Cámara de Diputados, así como el rechazo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Iglesia católica y múltiples organismos civiles de derechos humanos, académicos y líderes sociales.
Así, mientras el presidente de la mesa directiva en San Lázaro, el priísta César Duarte, se sumó a la propuesta del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, y propuso iniciar “un gran debate nacional porque el clamor generalizado es muy claro”, el coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Héctor Larios, consideró que la minuta del Congreso coahuilense ni siquiera llegará al pleno de los diputados federales.
Gobernadores que participaron en la sesión del Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresaron opiniones encontradas. Ivonne Ortega, de Yucatán, se manifestó a favor de la medida; Jesús Aguilar Padilla, de Sinaloa, la consideró aplicable sólo “por un tiempo perentorio”.
José Natividad González Parás, de Nuevo León, y Mario Marín, de Puebla, argumentaron que en sus entidades los secuestradores virtualmente reciben cadena perpetua.
José Reyes Baeza Terrazas, de Chihuahua, rechazó la pena capital, aunque, como lo hizo Silverio Cavazos Ceballos, de Colima, señaló que el asunto “vale la pena debatirse”.
La misma tónica de confrontación se hizo evidente en el Senado, donde el presidente de esa cámara, el panista Gustavo Madero, dijo que el gobernador Moreira podria ser sometido a juicio político y advirtió que el Partido Acción Nacional tiene votos suficientes para parar esa iniciativa.
Advirtió que un estado “no puede estar por encima de las disposiciones constitucionales y de ninguna manera podría aplicar la pena de muerte de manera independiente o motu proprio”.
En respuesta, el priísta Manlio Fabio Beltrones le dijo que “sufre una confusión” sobre lo que el Congreso de Coahuila aprobó. Señaló que toda legislatura estatal tiene derecho a presentar al Congreso federal cualquier iniciativa y los legisladores federales determinarán si procede. Agregó que, más allá de la “polémica natural” que la propuesta genera, nadie le puede negar a una legislatura estatal su derecho a presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión.
El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, expresó su rechazo tajante a la propuesta del Congreso y el Ejecutivo de Coahuila.
El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vittoria destacó que organismos civiles, sociales, religiosos, académicos y líderes políticos coinciden en que la pena de muerte es “un método de venganza y no de justicia”, administrada por personas falibles, lo que puede derivar en ejecuciones de inocentes, como ya ha ocurrido “innumerables veces”.
Otras organizaciones civiles y de defensa de derechos humanos subrayaron que la pena de muerte puede convertirse en un instrumento de represión política, pues “en muchos países y en diferentes épocas se le ha utilizado para deshacerse de oponentes”. En México, la pena de muerte fue derogada en junio de 2005 mediante una reforma al artículo 22 constitucional, que ahora se pretende modificar.
La Iglesia católica también expresó su condena. El secretario general del Episcopado Mexicano, el obispo Leopoldo González, dijo que ésta “es una salida fácil, es no querer enfrentar el problema real, de fondo, que es la pérdida de valores humanos y cristianos”. Calificó a Moreira de “católico incongruente” y le recordó que la fe “que dice profesar enseña que nadie tiene derecho a atentar contra la vida de nadie”.
El prelado dijo que la inseguridad que vive el país, en gran parte producto del narcotráfico y otras formas del crimen organizado, se debe a “haberle dado la espalda a Dios, y ahora que nos estamos ahogando estamos en busca de una tabla, que es la recuperación de esos valores”.