■ Mayoritean en comisiones diputados priístas y panistas
Aprueban dictamen sobre ley nacional de seguridad pública
■ Permanece diferendo por las obligaciones del centro de información
La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen sobre la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el cual, a pesar de los esfuerzos del PRD, la mayoría de PAN y PRI se negó a incluir la obligación para el Centro Nacional de Información, de resguardar la integridad de las bases de datos criminalísticos y del personal del propio sistema.
No obstante, se aceptó una propuesta para incluir como invitado permanente, con voz, pero sin voto, al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, órgano encargado de definir las políticas en la materia.
Aprobado por unanimidad, el dictamen será presentado en la sesión de hoy y se espera que se le dispense la primera lectura para su votación. Una y otra vez, el presidente de la comisión, Francisco Rivera Bedoya, quien presentó una modificación para que esa información sólo sea “administrada”, dijo a los diputados perredistas que presenten sus reservas este jueves en el pleno.
Rivera Bedoya aprovechó el desconcierto que provocó el cambio de salón donde trabajó la comisión para introducir su propuesta. Debido a que el grupo encargado de depurar el proyecto de dictamen no se reunió a las 9:30 horas, como estaba previsto, sino casi a la una de la tarde, la reunión convocada en la zona C del restaurante Los Cristales se retrasó, y a las 14 horas la diputación de Alternativa, que programó una comida en esa área, presionó para que la comisión terminara.
Esto apresuró la votación del dictamen en lo general, y Rivera Bedoya ordenó el cambio de sede, a los salones C y D de Los Cristales. Minutos antes, el diputado panista Martín Estefanoni había presentado una reserva a la fracción primera del artículo 19, que consideraba atribuciones del Centro Nacional de Información “diseñar, establecer, administrar, explotar y resguardar la integridad de las bases de datos criminalísticos y de personal”.
Estefanoni planteó eliminar la palabra “explotar”, en razón de que daría pie al uso abusivo de datos. Enseguida el PRD propuso cambiarla por “aprovechar”. En el traslado de un salón a otro, Rivera Bedoya introdujo una propuesta para dejar sólo como atribuciones del centro “establecer y administrar las bases de datos criminalísticos y de personal del sistema” y, ayudado por la ex procuradora de Oaxaca, Patricia Villanueva Abraján, la votó de inmediato.
El perredista Andrés Lozano objetó que si no se incluía la obligación del centro de resguardar tal información, se desvirtuaría lo votado en lo general sobre la preservación de datos, así como las sanciones penales y económicas –aprobadas por el pleno la víspera en una reforma al Código Penal Federal– contra funcionarios que la usaran ilegalmente, como ocurrió en el caso de la filtración al cártel de los Beltrán Leyva.
“Así, esas sanciones ya no tienen ningún sentido. Estamos a tiempo de recomponer el proceso”, dijo, aun cuando la mayoría PRI-PAN ya había aprobado la modificación. Ante las quejas de que su imposición dislocaba el consenso logrado en la votación, el priísta reviró: “lamento que no logremos el consenso unánime y mañana vamos a debatirlo”.
Más tarde, David Mendoza propuso salvar el punto al proponer que se agregara una fracción VII al citado artículo, para señalar que “el resguardo de la información del sistema se establecerá en los términos del reglamento de este centro”. Porque, argumentó, los datos que concentrará son sobre los criminales y también de los policías, “estratégicos para el país, porque formarán parte del sistema de inteligencia contra los delincuentes. Estaríamos frente a un problema de que esté en las manos que no queremos que esté”.
La nueva redacción fue rechazada por la aplanadora prianista, que sólo hizo adecuaciones menores al dictamen. Durante casi dos horas, la diputada perredista Claudia Cruz presentó varias reservas, que fue retirando conforme le explicaron el documento.
Al final, el PRD logró que se aprobara adicionar una fracción XV al artículo 12, que indica qué funcionarios deben integrar el Consejo Nacional de Seguridad Pública, para incorporar al ombudsman como invitado permanente. En principio, la diputada panista María de los Ángeles Jiménez se opuso, porque se podría violar la autonomía de la CNDH. El perredista Armando Barreyro reviró que al considerarse la figura de “invitado permanente”, el titular de la comisión asistirá cuando decida, no de manera obligatoria.