Editorial
El costo de la dependencia alimentaria
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante los primeros nueve meses del presente año el país erogó 15 mil 782 millones de dólares por concepto de importaciones de productos alimentarios, un monto que supera en 3 mil 443 millones de dólares lo gastado en el mismo periodo de 2007. En tanto, el organismo reportó que los ingresos al país por exportaciones de alimentos entre enero y septiembre ascienden a 12 mil 87 millones de dólares, lo que redunda en un déficit de 3 mil 694 millones de dólares en la balanza comercial en ese campo.
Las cifras mencionadas constituyen un indicador contundente del fracaso de las políticas agrícolas de corte neoliberal aún vigentes en nuestro país. Tales directrices han significado el abandono de los entornos rurales y el consecuente empeoramiento de las condiciones de vida de los campesinos; el desmantelamiento de los apoyos estatales a la pequeña producción y al consumo interno de alimentos; la concentración del presupuesto destinado al agro en un puñado de grandes exportadores, y la puesta en marcha de procesos de apertura comercial indiscriminada y de eliminación arancelaria para los productos del exterior en esos rubros, en particular a partir de la entrada en vigor, en enero de este año, del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estas políticas han significado una pérdida sostenida de autosuficiencia alimentaria del país, y lo han hecho cada vez más dependiente de los productos foráneos y de los vaivenes de los precios internacionales, una dinámica que, como puede verse con los datos del Inegi, resulta por demás onerosa para la economía nacional.
Es significativo el hecho de que el grupo de alimentos más costosos para el país sea precisamente el de los cereales. Durante las primeras tres cuartas partes de 2008, el costo de la importación de granos como el maíz, el trigo y el arroz creció 58 por ciento en relación con el año anterior, mientras que sus precios internacionales –que habían mantenido una tendencia al alza en el primer semestre– disminuyeron en el tercer trimestre del año, según un informe del Banco de México. Esto último refleja un incremento exasperante en el volumen de las importaciones de productos que bien pudieran ser sembrados y cosechados en suelo mexicano y que en cambio son comprados en el exterior, con lo que se priva de oportunidades de empleo a millones de campesinos.
Desde otro ángulo, es de tenerse en cuenta el déficit que acusó la balanza alimentaria entre enero y septiembre: tal dato tiene como telón de fondo un saldo negativo en la balanza comercial –que fue de 11 mil millones de dólares en los primeros 10 meses del año, según el propio Inegi– y que podría prefigurar nuevos escenarios de escasez y encarecimiento de divisas, al conjugarse con la disminución en otras fuentes de ingresos de dólares, como el petróleo, las remesas, la inversión extranjera o el turismo. En ese sentido, la dependencia alimentaria constituye un factor de fragilidad adicional para nuestro país, por cuanto demanda la erogación de fuertes cantidades de dinero en un momento particularmente complicado en términos económicos.
La circunstancia presente demanda que las autoridades se fijen como uno de sus objetivos centrales la recuperación de la capacidad productiva del agro mexicano, la implementación de políticas que detonen el desarrollo rural y asistan a los pequeños productores, en el entendido de que son ellos quienes podrían resolver el déficit alimentario que enfrenta el país y frenar, en esa medida, la dependencia que se tiene en relación con los productos foráneos. En suma, es urgente un compromiso efectivo del gobierno federal con el principio de la soberanía alimentaria: el derecho de los pueblos a controlar y definir su política agrícola y a producir sus propios alimentos.