■ Miembros de la instancia lamentan que autoridades “no hayan puesto nada sobre la mesa”
Comisión sobre desaparecidos del EPR seguirá laborando, pese a desdén oficial
La comisión de mediación entre la Secretaría de Gobernación (SG) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR) seguirá adelante, pese a la falta de voluntad política que ha mostrado el gobierno federal para indagar la desaparición de Edmundo Sánchez Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, integrantes del grupo guerrillero.
“Al día de hoy no hay nada sobre la mesa (por parte del gobierno). Apenas palabras”, manifestó el abogado Juan de Dios Hernández Monge, uno de los integrantes de esa instancia mediadora.
La comisión –creada hace ocho meses– solicitó a la SG ampliar el diálogo no sólo con enviados de Bucareli, sino con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Procuraduría General de la República (PGR).
Lo anterior como única vía efectiva de investigación, luego de que el gobierno federal reconoció –tras varios meses de negativa– que el caso de los eperristas se tipifica como desaparición forzada y no como secuestro, como se determinó al comienzo del proceso.
Sánchez Amaya y Cruz Sánchez fueron vistos por última vez en mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca. Casi dos meses después el EPR hizo estallar bombas en ductos de Petróleos Mexicanos, como medida de presión para que el gobierno federal “entregue” a sus compañeros.
Durante el foro La mediación entre el EPR y el gobierno federal, organizado por Casa Lamm y La Jornada, Hernández Monge, también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que fue el EPR el que solicitó a diversos personajes que integraran una comisión mediadora. Así, aceptaron la encomienda –para contribuir a la presentación con vida de los eperristas– Carlos Montemayor, escritor; Gilberto López y Rivas, antropólogo; Miguel Ángel Granados Chapa, periodista y abogado; el obispo emérito Samuel Ruiz, y tres integrantes del Frente Nacional contra la Represión: Rosario Ibarra, Juan de Dios Hernández y Enrique González Ruiz.
Desde su creación, los miembros de la comisión mediadora han aseverado que su trabajo es sui generis, porque su única comunicación con el EPR es por conducto de los medios de información, mientras del otro lado el gobierno federal carece de voluntad política no sólo para reconocer a los personajes en su calidad de mediadores, sino para investigar la desaparición forzada, considerado crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma.
Impunidad, la constante
En el foro, realizado la noche del viernes en Casa Lamm, los abogados Hernández Monge y Enrique González Ruiz explicaron lo grave del delito, no sólo porque en el país no hay precedente de que se halla encontrado con vida a desaparecidos políticos, sino porque los responsables de ese “ilícito oprobioso”, a manos de integrantes del Estado, han quedado históricamente impunes.
La PGR, en la Unidad de Terrorismo y Tráfico de Armas, ha reclasificado el expediente 47/2008 para realizar la indagatoria bajo la base de desaparición de personas, pero hasta el momento no ha ofrecido resultados, de ahí que los mediadores busquen ampliar el diálogo con esa instancia, porque están convencidos de que hay datos concretos que pudieran ser considerados por los peritos como pruebas de vida de los eperristas.
Los mediadores están dispuestos a seguir con la tarea, siempre y cuando las partes no decidan lo contrario. Los personajes en referencia tienen la certeza, a través de una verificación seria, acerca de la intervención de agentes del Estado para concretar la desaparición de los eperristas.
Sin embargo, también advierten al gobierno federal que su falta de voluntad política agrava la situación. Ante ello, los mediadores no pueden afirmar que continuará la tregua del EPR.