■ Inhumanas, las “técnicas de entrenamiento”, concluye el organismo
Acepta el cabildo de León exhortos de la CNDH sobre capacitación a policías
León, Gto., 28 de noviembre. El ayuntamiento de León aceptó las cuatro recomendaciones que le hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto de los videos que muestran a policías locales entrenar con técnicas de tortura.
La disposición de acatar los señalamientos de la CNDH “cierra el capítulo” del cuestionado adiestramiento del Grupo Especial Táctico (GET), dijo el alcalde panista Vicente Guerrero Reynoso. “Cumpliremos lo que haya qué hacer”, insistió.
El 30 de junio pasado se difundió un video que muestra parte de los entrenamientos del GET, entre ellos el conocido como tehuacanazo, que consiste en introducir agua mineral por la nariz; y el pocito, en el que la cabeza del interrogado se mete a una fosa de heces fecales. Según la CNDH, tal capacitación policiaca incorpora técnicas inhumanas.
Tras el recurso de inconformidad 027/08-RI, que promovió La Jornada e hizo que se revocara la negativa de informar al respecto, el ayuntamiento de León finalmente indicó que los adiestramientos son impartidos por el Grupo SWAT de San Diego, California (Estados Unidos), la Policía Federal Preventiva (PFP) y la empresa Sniper, a un costo promedio de 82 mil pesos por curso.
Mediante la Unidad Municipal de Acceso a la Información, se dio a conocer que los instructores de los policías fueron Carlos Guillermo Martínez Acuña, Gerardo Ramón Arrechea de la Vega, Francisco Javier Jaramillo Barrios, Alfredo Torres Solano y Martín González Cabrera, pero su nacionalidad se mantuvo reservada.
Las implicaciones del asunto hicieron intervenir a la CNDH, y el jueves pasado el pleno del ayuntamiento aprobó acatar las recomendaciones del organismo público autónomo de capacitar en derechos humanos al personal municipal; ordenar a la Contraloría que deslinde las responsabilidades de los funcionarios que participaron en la capacitación, y el resultado de la investigación sea enviado a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).