■ Abatir “uno de los delitos más atroces” en el país, objetivo, según el gobernador de Coahuila

Presenta Moreira iniciativa de pena de muerte contra plagiarios asesinos

■ Los secuestradores ya no temen la cárcel; saben que pueden salir libres mucho antes de lo previsto, dice

Leopoldo Ramos (Corresponsal)

Saltillo, Coah., 28 de noviembre. El gobierno de Coahuila presentó hoy al Congreso local una iniciativa de reforma constitucional para aplicar en la entidad la pena de muerte, contra secuestradores que asesinen a sus víctimas, con el objetivo de disminuir la incidencia de uno de los delitos “más atroces”.

En la exposición de motivos de la propuesta, el gobernador Humberto Moreira Valdés planteó que la medida es una respuesta a las demandas de tranquilidad de los ciudadanos, y la calificó de indispensable, pues esa práctica “se ha convertido en uno de los más grandes temores de los mexicanos”.

“El secuestro atenta contra la vida, la libertad, la integridad y la tranquilidad no sólo de las familias de la víctima, sino de la sociedad en su conjunto”, consideró el mandatario, emanado del PRI.

Señaló que cuando se priva de la libertad y de la vida a una persona a cambio de algo, “se afecta a toda la sociedad y al Estado mismo”, el cual “es garante de los derechos individuales y colectivos”.

Moreira Valdés explicó que su gobierno diseñó y entregó al Legislativo la iniciativa con base en “un deber no sólo legal, sino cívico y social”, pues resulta “indispensable” fijar “mecanismos más eficaces y eficientes, más accionantes, de mayor trascendencia y fortaleza, para regresar a los coahuilenses y a los mexicanos su tranquilidad y la armonía en su vida cotidiana”.

Agregó que las autoridades y la misma sociedad no pueden seguir “actuando en defensa y protección de los derechos humanos de delincuentes y criminales” y al mismo tiempo “aumentemos más los deberes y obligaciones de los ciudadanos honestos”, pues “quienes delinquen continúan ganando terreno y nos muestran su fuerza para violentar las leyes e incluso el poder que tienen para controlar a las autoridades”.

El gobernante subrayó que lo anterior refleja “la debilidad que impera en el sistema de procuración e impartición de justicia” en México “y en los mecanismos que la propia Constitución establece para protegernos”.

“Para estos inadaptados sociales no hay marcha atrás, ven en la acción de matar un modo normal y aceptable de resolver conflictos y satisfacer plenamente sus objetivos”, de tal forma que “la pena de muerte constituye un medio posible para evitar que estos criminales continúen cometiendo actos injustos, violentos y degradantes en perjuicio de todos los mexicanos”.

Recordó que en diciembre de 2005, cuando asumió el gobierno estatal, presentó una iniciativa al Congreso local para endurecer las penas contra secuestradores, violadores y personas que cometieran robo agravado, lo cual derivó en un símil de la cadena perpetua, pues, por ejemplo, quien secuestre y viole a su víctima puede ser condenado en Coahuila a 120 años de prisión.

Sin embargo, advirtió que esta medida ha resultado insuficiente, pues según datos del secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, en lo que va del año se han denunciado en la entidad 25 secuestros, de tal forma que la incidencia del delito continúa.

En la exposición de motivos de la iniciativa, Moreira Valdés refiere que los secuestradores “no temen pasar años en prisión, pues confían en la debilidad de nuestro aparato de justicia y seguridad” y saben que “saldrán en libertad mucho tiempo antes de lo previsto, dado los actos de corrupción que existen”.

Denunció que en México el sistema de impartición de justicia se halla “tan contrariado”, que por un lado la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió sobre la constitucionalidad del aborto, lo cual implica que “un inocente pueda ser privado de la vida de forma legítima si se encuentra dentro de los primeros tres meses de gestación, pero, frente a esto la misma Constitución impide que “a un criminal que ha cometido los actos más inhumanos, que ha reducido la vida y dignidad del hombre a un mero objeto de comercio con el sólo propósito de obtener un beneficio individual, se le tengan que respetar a cabalidad los derechos que él mismo ha violentado”.

La propuesta pretende reformar los artículos 14 y 22 de la Constitución mexicana, a fin de establecer en su texto que en México se podrá aplicar pena capital contra secuestradores que asesinen a sus víctimas.

Según el secretario de gobierno, si el Congreso de Coahuila aprueba la medida, la propuesta se deberá presentar al Congreso de la Unión ante la necesidad de que se modifique la Carta Magna.