Los de Abajo
■ Movimiento contra las privatizaciones
Los excesivos cobros de luz han propiciado desde hace más de una década la conformación de una serie de movimientos en diferentes estados de la República para resistir no sólo al pago de un recibo, sino a toda una política encaminada a la privatización del agua y la energía eléctrica. La respuesta gubernamental ha ido del desmantelamiento de instalaciones eléctricas a la persecución abierta, como en Campeche, donde miembros de la agrupación Resistencia Civil del No Pago a la luz eléctrica del municipio de Candelaria, son acusados de privación ilegal de la libertad e impedimento para la realización de un servicio público.
Del 6 al 8 de noviembre pasado se celebró en Aguacaliente, Guerrero, el Encuentro Popular Agua, Energía y Alternativas Energéticas. La declaratoria final de este foro advierte que el actual sistema energético “está orientado a satisfacer las necesidades de las empresas privadas, dejando los daños y los costos que esto significa a la población mexicana. Mientras el gobierno federal exporta energía eléctrica a tarifa preferencial a otros países, particularmente a Estados Unidos, y anuncia nuevos subsidios a las empresas e industrias, el grueso de la población sigue sufriendo las altas tarifas de la luz y el deficiente servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC)”.
En Campeche (como en otras parte de México), cientos de familias se empezaron a organizar desde hace unos dos años y conformaron el movimiento de Resistencia Civil del No Pago. Su exigencia es el establecimiento de una tarifa eléctrica justa, adecuada al nivel adquisitivo de la población de la región. Conscientes de la necesidad de aprender de otras experiencias, participaron en el foro de Aguacaliente, donde acordaron conformar, junto con participantes de una docena de estados, una red nacional de resistencia civil de no pago e impulsar una campaña nacional de movilización en contra de las políticas privatizadoras del agua y la energía en México.
Sobre Sara López, una de las activistas de Campeche que acudió al encuentro de Guerrero, y sobre Joaquín Aguilar, pesa hoy la demanda presentada por la Comisión Federal de Electricidad, debido a su participación en la resistencia organizada en el municipio de Candelaria, lugar en el que la oficina gubernamental desmanteló las instalaciones eléctricas dejando sin servicio a 60 familias. Los vecinos se organizaron, tomaron las instalaciones de la CFE y advirtieron que no se moverían del lugar hasta que se reinstalara el servicio eléctrico, lo cual sucedió horas más tarde. Estos son los hechos por los que ahora se persigue a Sara y a Joaquín, aunque el hostigamiento está dirigido a todo aquél que resiste.