■ Gobernadores del PRD piden no usar los datos sobre delincuencia como bandera electoral

Saca de contexto el gobierno las cifras sobre la inseguridad, acusa la Conago

■ Aún no tocamos piso; la fuerza de las redes del hampa son mayores, señala González Parás

Fabiola Martínez, Gustavo Castillo y Claudia Herrera

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) advirtió que para 2009 habrá un “marcado desequilibrio” del presupuesto para combatir la inseguridad, en detrimento de los recursos aprobados para los estados y el Distrito Federal, zonas que constituyen el “verdadero escenario” de la lucha contra el crimen organizado.

Tras la reunión de evaluación del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad –donde fueron presentadas estadísticas que colocan al Distrito Federal y el estado de México en los primeros lugares de delincuencia– gobernadores de oposición afirmaron que tales datos fueron sacados de contexto.

Eduardo Bours, gobernador de Sonora y presidente de la Comisión de Seguridad de la Conago, expresó que si bien la gran mayoría de los delitos son del fuero común, aquellos que causan “la gran preocupación son los de ‘alto impacto’, es decir, los del orden federal”.

El gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, pidió “mayor objetividad” en la presentación de estas cifras, porque no toman en cuenta la densidad poblacional de cada estado.

En la sesión señaló que esta información se tiene que “contextualizar” y relativizar. “Si mides el número de delitos de forma dura, en términos absolutos será inevitable que el estado de México y el DF estén a la cabeza, son las entidades de mayor población, pero creo que no ésa no es la forma de presentar la información”, indicó después en entrevista.

Dijo que la forma correcta de interpretar los avances en esta materia es utilizando la tasa de criminalidad por cada 100 mil habitantes, que ubica al Edomex en ocho homicidios por cada 100 mil habitantes, nivel inferior al promedio nacional, de 10 homicidios.

Durante la 25 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los gobernadores de PRI y PRD tomaron la palabra para manifestar su inconformidad por la metodología utilizada para la sistematización de los datos, pero también para “blindar” el acuerdo de la manipulación o ‘raja’ política del tema de la inseguridad, como bandera de campaña durante el proceso electoral del próximo año.

El gobernador priísta de Chihuahua, José Reyes Baeza, acusó directamente al presidente del Senado, el panista Gustavo Madero, de “enrarecer” el ambiente en aquella entidad al aconsejar que “le exijan al gobernador” mejore la seguridad y nunca al Presidente de la República.

El senador aludido pidió disculpas al mandatario de Chihuahua y justificó que tales comentarios no fueron una declaración oficial, sino “una expresión que se dio en un ambiente privado y que trascendió de manera inoportuna”. Pero de paso mencionó que Chihuahua –su tierra natal– vive en la zozobra con mil 400 ejecuciones en lo que va del año.

En su turno, la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, del PRD, pidió un manejo riguroso de la información, lo mismo en las cifras emitidas por el gobierno federal que en organizaciones civiles como las difundidas la víspera por Luis de la Barreda, director del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, el cual ubicó a Zacatecas como uno de los peor evaluados respecto a sus grupos policiales, diagnóstico que contrasta con las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública federal y con la propia percepción de los zacatecanos.

El gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, advirtió que ante los problemas de seguridad pública “todavía no tocamos piso, porque la presencia y la fuerza de las redes del crimen organizado son mayores y muchos ciudadanos, torciendo sus valores, se han incorporado a las actividades ilícitas”.

En tanto, Bours precisó que de un incremento de 50 mil millones de pesos en los últimos tres años, para el sector seguridad y de procuración de justicia, sólo mil 900 millones han sido para las entidades federativas.

“Es muy importante que así como se nos dan nuevas responsabilidades deberían darnos facultades económicas. Hay un reparto totalmente inequitativo”, advirtió.

Manifestó que para el año entrante los recursos autorizados para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aumentaron 67 por ciento y los de la Procuraduría General de la República (PGR) 32 por ciento, mientras que el presupuesto para las entidades sólo crecerá 15 por ciento.

De la bolsa general, la SSP y la PGR recibirán, en conjunto, 16 mil 207 millones de pesos, mientras que la totalidad de estados y el Distrito Federal tendrán apenas 6 mil 900 millones de pesos, procedentes de recursos federales, esto es, sólo 900 millones de pesos más de los recibidos el presente año.

En nombre de la Asociación de Municipios de México, el presidente municipal de Zapopan, Jalisco, Juan Sánchez, informó que es en este nivel de gobierno donde se comete 94.1 por ciento de los delitos del país. Las alcaldías cuentan con 340 mil elementos policiales, equivalentes a 40 por ciento a escala nacional, de los cuales 60 por ciento cuentan con estudios máximos de secundaria terminada.

La carencia de recursos –agregó el panista– se evidencia en falta de equipamento e instalaciones dignas, además de sueldos bajos que desmotivan la presencia en el servicio.

Antes, el gobernador sonorense había refrendado los compromisos de la Conago, especialmente para impulsar un mecanismo de intercambio de información y de evaluación de los avances en esta materia.

Respecto de los siete compromisos asumidos por la Conago el pasado 21 de agosto, durante la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, informó que ha vencido el plazo de uno de ellos: establecer indicadores de evaluación en el desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia.

No obstante, reconoció, es importante aceptar que tenemos que avanzar en parámetros que uniformen los indicadores de medición de cumplimiento.

En su turno, los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, César Duarte y Gustavo Madero, respectivamente, aseguraron que han cumplido con los compromisos asumidos por el Poder Legislativo, aunque evitaron dar plazos específicos para la aprobación del cúmulo de iniciativas en seguridad y justicia que se analizan en el Congreso de la Unión. Además, destacaron la labor “patriótica y republicana” de las fuerzas armadas en su lucha contra la delincuencia organizada.