■ Continúan todavía indefinidos muchos de los compromisos del acuerdo de seguridad

El gobierno presentará como “avances” de los cien días planes aún sin concretar

Gustavo Castillo García

Planes y propuestas sin concretar forman parte de los “avances” que el gobierno federal reportará este viernes como logros en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Entre los proyectos que aún no se concretan para combatir la delincuencia está la definición del modelo que regirá a los grupos antisecuestros en todo el país, y la manera de regular su actuación y el seguimiento a sus integrantes; sigue la indefinición de los sitios y monto de los recursos para llevar a cabo la construcción de al menos dos prisiones de máxima seguridad y los planes ejecutivos para la implantación de centros de evaluación policial y ministerial.

Entre las acciones que se reportarán como compromisos cumplidos está la colocación de buzones para que la ciudadanía denuncie actos de corrupción y la creación de centros de atención para víctimas del delito.

Funcionarios del gobierno federal revelaron que será Monte Alejandro Rubido García, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), quien dará a conocer de manera general el cumplimiento que las autoridades han dado a 64 compromisos que corresponden a los tres órdenes de gobierno.

Según las fuentes consultadas, este viernes en Palacio Nacional Rubido García informará que los pasados tres meses se ha logrado el desmantelamiento de más de diez bandas de secuestradores y la captura de 150 plagiarios en distintos puntos del país; también que la llamada Operación Limpieza, en la que han sido detenidos varios funcionarios presuntamente involucrados con el narcotráfico, es un logro de las autoridades mexicanas, sin mencionar que estas vinculaciones fueron descubiertas por agencias de Estados Unidos y que el principal testigo protegido está en manos de autoridades de ese país.

En cuanto a la Procuraduría General de la República (PGR), se han establecido sólo acciones relacionadas con prevención del delito tales como la instauración de la llamada contraloría ciudadana, que estará integrada por miembros del Consejo de Participación Ciudadana de esa dependencia y de la visitaduría; la inauguración de centros de atención a víctimas del delito, uno de ellos en la ciudad de México, en lo que antes eran las oficinas de la Unidad de Enlace.

La PGR informará que durante una reunión de procuradores, realizada en septiembre pasado en Monterrey, Nuevo León, se acordaron las bases de colaboración en materia de secuestro, pero hasta el momento, a decir de fuentes de la dependencia, no hay nada claro ni recursos para estructurar los grupos.

En cuanto a la SSP federal, se informará que se han actualizado las bases de datos, pero no se ha logrado el ciento por ciento de las huellas dactilares de los policías y agentes del Ministerio Público; tampoco la interconexión de las autoridades estatales y municipales a la llamada Plataforma México y, por tanto, menos de 80 por ciento de los registros de órdenes de aprehensión y mandamientos ministeriales de las autoridades estatales.

En ese contexto, René Jiménez Ornelas, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y especialista en violencia social, seguridad pública y cuerpos policiacos, afirmó que “digan lo que digan las autoridades, cuando se cumplan los cien días del acuerdo lo cierto es que la inseguridad se mantiene como el principal problema para los ciudadanos, ya que no han disminuido la violencia ni los índices delictivos.

“Los acuerdos firmados tienen algunos más oscuros que claros, los poderes Ejecutivo y Legislativo no han cumplido, pero en general de los 74 acuerdos pendientes tendríamos un balance hipernegativo en cuanto a su cumplimiento.”

En tanto, Antonio López Ugalde, académico de la Universidad Iberoamericana y especialista en temas de seguridad, señaló que “el análisis de los 28 compromisos contraídos por el Ejecutivo federal permite sostener que se trata no de innovaciones ni de concreciones o puntualizaciones de objetivos prexistentes, sino de reiteraciones o reproducciones, en ocasiones empobrecidas o empañadas, de objetivos trazados con anterioridad en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

“Por mencionar algunos ejemplos, el acuerdo propone el objetivo de ‘depurar… las instituciones de seguridad’ mediante la creación de ‘un modelo nacional de evaluación y control de confianza’ que incluya el diseño de ‘un protocolo de evaluación y control de confianza’. Para cumplir dicho objetivo se estableció un plazo de 4 meses.

“No obstante, 15 meses antes el Plan Nacional de Desarrollo había establecido la necesidad de avanzar en la ‘depuración’ de los cuerpos policiales para abatir la corrupción en los mismos.

“En suma, los compromisos adquiridos por el Ejecutivo federal con motivo del acuerdo para depurar las instituciones y generar un modelo de evaluación y control de confianza, pesaban desde tiempo atrás sobre dicha autoridad con resultados que, a juzgar por el contenido del acuerdo, fueron considerados como nulos o insuficientes.

“Parece que el Ejecutivo cedió a presiones que elevan demasiado las expectativas de la población respecto de los logros que se deben de tener en el avance contra el crimen. Entonces se está poniendo solito la soga al cuello. Se trata de objetivos desarticulados y no apuntan en el sentido correcto para hacer la reforma que necesitamos en la materia”, concluyó López Ugalde.