■ Los operativos contra el crimen organizado no han disminuido la inseguridad, sostienen

Exigen ONG definir “cuándo y cómo” se retirarán militares de acciones policiacas

■ Las reformas en materia de justicia disminuyen el acceso a las garantías individuales, señalan

Emir Olivares Alonso

El retiro “progresivo” del Ejército de las labores de seguridad pública, que el gobierno mexicano planteará ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “es una promesa incumplida” de Felipe Calderón, quien hace nueve meses ofreció lo mismo ante la alta comisionada Louise Arbour, durante su visita de trabajo al país, señalaron activistas.

Édgar Cortez , secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, aseguró que a pesar de la promesa presidencial, “el Ejército continúa en labores de seguridad, vulnerando garantías fundamentales” de los ciudadanos, abusos que en la mayoría de los casos permanecen en la impunidad.

En tanto, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), destacó la “incongruencia” del informe federal, debido a que las autoridades defienden los operativos militares contra el crimen organizado, “que no han reducido la inseguridad; al contrario, han traído más de 6 mil muertes en dos años de gobierno, cifra mayor que en Irak”.

El miércoles pasado, funcionarios de la cancillería mexicana presentaron ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el informe que el gobierno federal enviará como parte de sus obligaciones internacionales al CDH de la ONU, documento en el que plantea un “progresivo” retiro de los militares de las labores de seguridad, aunque reconoce que se han presentado abusos.

Cortez demandó a las autoridades federales que no sólo hagan promesas, sino que definan “cuándo y cómo” saldrán los militares de esas funciones. “Se debe poner forma, tiempo y modo a fin de que se pueda evaluar el cumplimiento de ese compromiso”.

Explicó que como parte del examen periódico del CDH, el gobierno, las organizaciones civiles y la oficina en México del Alto Comisionado deben entregar sus respectivos informes sobre la situación de esas garantías en el país.

Recordó que el informe de las organizaciones no gubernamentales se entregó en septiembre y que en ese documento destacaron, entre otras violaciones, que “la presencia del Ejército en las calles es contraria a recomendaciones nacionales e internacionales, pues estas acciones dan lugar a numerosas violaciones de derechos humanos que no son castigadas debido al fuero militar”.

Agregó que los análisis de las agrupaciones civiles manifiestan preocupación por la reforma al sistema de justicia, en la que se amplió el periodo de arraigo, “figura ajena a los derechos humanos”, además de que esos cambios “disminuyen el acceso a garantías fundamentales”. Otro señalamiento de los organismos civiles ante el CDH es la dificultad de las mujeres para acceder a sus derechos y recibir justicia.

Con base en los tres informes, el CDH de la ONU emitirá recomendaciones al Estado mexicano acerca de las garantías fundamentales en el país, y cuatro años después, en 2013, evaluará su cumplimiento y los resultados.

Por su parte, el presidente de la Limeddh indicó que con la presencia del Ejército en las calles “vivimos un Estado de excepción intermitente, caracterizado por constantes y reiteradas violaciones a los derechos fundamentales, cuyo responsable directo es Calderón, quien ha determinado, como comandante supremo de las fuerzas armadas, el uso de militares en labores de seguridad”.

Agregó que a pesar de que esas acciones violan varios artículos constitucionales, entre otros el 16 y el 129, la Suprema Corte de Justicia de la Nación permite que se siga vulnerando la ley.