■ Denuncian que las ricas zonas naturales serán contaminadas y destruidas
No cesa el avance de las empresas mineras que perjudican a municipios de Chiapas
■ Muchas compañías trasnacionales han recurrido a prestanombres para conseguir los permisos
San Cristóbal de las Casas, Chis., 26 de noviembre. El avance de las empresas mineras, en su mayoría canadienses, altera la vida y la convivencia en una veintena de municipios, sobre todo en la Sierra Madre de Chiapas y la franja fronteriza, como Siltepec, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Porvenir, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero y Motozintla.
Denuncias y protestas se han sucedido desde octubre por parte de distintas organizaciones y comunidades. Destacan las movilizaciones del Frente Regional Contra las Privatizaciones (FRCP), miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), en Motozintla y Frontera Comalapa, así como las protestas de simpatizantes y bases de apoyo zapatistas allí y en Siltepec.
El FRCP exigió al gobierno, sin respuesta, “la inmediata cancelación de los permisos a empresas mineras trasnacionales para que saqueen los últimos recursos minerales del subsuelo, sin consultar a las poblaciones afectadas ni tomar en cuenta el grado de contaminación y destrucción que ocasionarán”.
También, señaló, están involucrados funcionarios de la Comisión Nacional Forestal, de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y de organismos estatales, “ignorando que en 1989, 1998 y 2005, debido a la deforestación, las comunidades de la región fueron arrasadas por desgajamientos de cerros y desbordamientos de ríos, quedando como una zona de alto peligro”.
Las dependencias oficiales “siguen permitiendo que los empresarios talamontes destruyan la naturaleza, y ahora se convierten en cómplices de la explotación minera, la cual acabará definitivamente con nuestros campos de cultivo y nuestras aguas, contaminarán el medio ambiente y nos dejaran más pobres y expuestos a graves riesgos de salud”.
Se dijeron engañados por las autoridades, que ofrecen “migajas a cambio de nuestros ricos minerales”, y prometen escuelas, caminos y clínicas “cuya construcción de por sí es responsabilidad del gobierno”. A esto se suman hostigamientos y amenazas contra campesinos que se oponen al despojo minero y la contaminación. Es el caso de Elpidio Morales Díaz, quien por impugnar a la minera Linear Gold, “al igual que cientos de ejidatarios de El Carrizal, ha recibido constantes amenazas de muerte”.
En la misma región opera la canadiense Blackfire Exploration México. Se habla de empresas mexicanas, aunque parece tratarse de prestanombres. Así, un tal Tristán Canales Reyna aparece como titular de 11 concesiones en los municipios de Chicomuselo y Acacoyagua. Como ha reportado La Jornada, pobladores del ejido Grecia, donde existe una mina de barita concesionada a este particular, señalan que primero llegó la Compañía Minera Caracol, de capital colombiano, la cual en 2006 habría vendido sus derechos a Blackfire. Canales Reyna sigue apareciendo como titular.
Otras “concesionarios” son Ricardo Carraño Peñaloza, Diana Luna Hernández, Neftalí Bruno Sánchez Gálvez y Joel Castillejos Ordóñez, de los cuales ninguno posee registro como socio de alguna empresa minera.
Según la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía, en Chiapas están vigentes 55 permisos para la exploración y extracción minera. Estos permisos vencen hacia 2056, y abarcan oro, plata, plomo, titanio cobre, hierro, zinc, antimonio y materiales como molibdeno, woltramco, y otros más, útiles en la industria petrolera. Al menos 20 permisos fueron entregados a nacionales, pero las empresas son extranjeras.
En Motozintla, Siltepec y Chicomuselo existen permisos de extracción de oro, plata, cobre y barita. Estos municipios son zonas de riesgo por los deslaves. El 11 de noviembre, habitantes del barrio Las Nubes, del ejido Toquián, Siltepec, manifestaron su oposición a “la explotación del cerro porque seríamos los más afectados con el derrame de cianuro”.
En una carta que dicen haber enviado a la junta de buen gobierno zapatista de La Realidad, los campesinos detallan que en septiembre de 2007, “cuando intentaron obligar a la gente a que aceptara un convenio de explotación minera”, ellos echaron de la comunidad a las empresas. Estas prometían una clínica, médicos y medicinas, más de 200 pesos diarios de salario y buen pago por sus tierras. Su respuesta fue: “Nuestra dignidad rebelde no tiene precio”, dicen en su carta. Las empresas lograron destituir “con trampas” al comisariado ejidal que se oponía a sus designios.
“Tenemos información de que quieren pavimentar los 16 kilómetros entre la cabecera municipal y Las Nubes, al mismo tiempo que el gobierno federal inspecciona terrenos cerca de la cabecera y en el ejido Honduras para un campamento militar”, dijeron. Por oportuna coincidencia, la segunda semana de noviembre se “anunció” un presunto “Ejército de los Pueblos Indios”, precisamente en Toquián Grande. Un reportero del Diario Meridiano 90 de Comitán recibió allí, de “un campesino”, un escrito a máquina donde la “guerrilla” decía esperar que el gobierno “reflexione”. Antecedido por las denuncias de Las Nubes, en el mismo ejido, ha sido interpretado como una falsificación que serviría de pretexto para instalar un campamento militar que proteja a las mineras.