■ Atribuye las acusaciones a campaña negativa de adversarios
Niega la UdeG que haya tráfico de órganos en el Hospital Civil
En el Hospital Civil de Guadalajara, dependiente de la Universidad de Guadalajara (UdeG), no se efectúa tráfico de órganos, por lo que la investigación que dirige la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) “se debe a la presión de un grupo antagónico a la institución”, aseguró el abogado general de esa casa de estudios, Francisco Javier Peña Razo.
En entrevista, tras participar en la constitución de la Asociación Mexicana de Abogados de Universidades Públicas (AM-AUP), que se efectuó en la rectoría general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UA-M), el funcionario de la UdeG denunció que la agrupación Conciencia Cívica, dirigida por Salvador Cosío Gaona, hijo del ex gobernador de Jalisco Guillermo Cosío Vidaurri, es la que ha emprendido una campaña negativa “que ha representado un problema más mediático que jurídico”.
Además, indicó que tras esas acusaciones también está el ex rector de la institución Carlos Briseño, quien fue depuesto hace unos meses del cargo debido a que “buscó más su interés personal” que el de la universidad.
En junio pasado fue denunciado por su presunta responsabilidad en tráfico de órganos el médico Luis Carlos Rodríguez Sancho, ex jefe de la unidad de trasplantes de ese hospital, además de que se acusó entre los probables cómplices a Enrique Sólorzano, rector del Centro Universitario Costa del Sur de la UdeG.
“Lo más duro de todo esto es el daño que se le ha ocasionado al programa de trasplantes, que es el más exitoso del país en lo que se refiere a implantes de riñón e hígado. Su porcentaje de éxito es de 82 por ciento, mientras hay hospitales –tanto de la Secretaría de Salud como el Seguro Social– que no alcanzan esa cifra”, refirió el abogado.
Remarcó que si existiera ese delito correspondería al ex rector Briseño responder por ello, pues durante la actual rectoría, a cargo de Marco Antonio Cortés Guardado, “no se han realizado operaciones”.
Antes, durante su exposición en la ceremonia de formación de la AMAUP, Peña Razo hizo un recuento del conflicto jurídico que se vivió hace unos meses en esa casa de estudios, tras la remoción de Briseño. Agregó que ese proceso se encuentra en la etapa procesal, por lo que podría alargarse por años.
Solicitó a las autoridades respetar la autonomía de la institución, y sostuvo que la decisión del Consejo General Universitario de sustituir al rector fue legal.
Por su parte, Manuel Gil Antón, investigador de la UAM, señaló que la autonomía universitaria “no es valladar para la no rendición de cuentas, pero tampoco una muralla para permitir arbitrariedades”.
En tanto, el rector de la UAM, José Lema Labadie, advirtió que la autonomía universitaria implica una reorganización de los procedimientos administrativos y jurídicos para su cabal cumplimiento. De otra manera, dijo, estará en peligro de convertirse “en un vago deseo, un simulacro de propósito”.
En su primera asamblea, los integrantes de la AMAUP informaron que entre sus objetivos estará procurar el mejoramiento de la administración y la correcta aplicación de las normas jurídicas que rigen a las universidades públicas.