■ Explica razones de la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el hampa
Retiro militar “progresivo” de la lucha antinarco, plantea el gobierno a la ONU
■ Analiza el Senado de la República informe que se presentará al Consejo de Derechos Humanos
El Ejército se retirará de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada “de manera progresiva”, ante la “paulatina implementación del nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública”, asegura el gobierno de Felipe Calderón en el informe que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En ese documento, que ayer fue dado a conocer por funcionarios de la cancillería a integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Multilaterales del Senado de la República, se alude a rezagos en materia de derechos humanos relacionados, sobre todo, con el tema de inseguridad, y se justifica también la presencia militar en la batalla contra el crimen organizado.
El gobierno mexicano reconoce que ha habido quejas por violaciones de garantías fundamentales de la población cometidas por militares destacados en la lucha contra el narcotráfico, lo cual dio origen a 15 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entre 2007 y lo que va de este año.
Esas recomendaciones fueron aceptadas en su totalidad y hay “estrecho seguimiento” para que se cumplan, de acuerdo con el documento oficial.
Asimismo, se destaca que se impulsarán reformas en materia de procuración e impartición de justicia militar acordes con los compromisos internacionales firmados por el gobierno mexicano en materia de derechos humanos.
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, explicó a los senadores participantes en la reunión –entre ellos los panistas Alonso Díaz Caneja y Adriana González Carrillo– que en el informe se responde a las críticas que se han dado por la participación militar en tareas relacionadas con la seguridad pública.
De entrada, la administración de Felipe Calderón informa al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que en marzo de 2007 convocó “de manera temporal” a cuerpos especiales del Ejército y Fuerza Aérea “para formar parte medular” de una lucha que permita a los ciudadanos vivir en paz “y recuperar paulatinamente territorios que ocupaba la delincuencia organizada”.
Párrafos más adelante se alude a la posibilidad de regresar a los militares a sus cuarteles, lo cual estaría condicionado al desarrollo del nuevo sistema de seguridad pública, que se pondrá en marcha a partir de la reforma constitucional en materia de justicia que comenzó a regir este año, pero cuya legislación secundaria se discute en estos momentos en el Congreso de la Unión.
“Ante la paulatina implementación del nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública, México deberá sustituir de manera progresiva y verificable la actuación de las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública vinculadas al combate al crimen organizado.”
Se sostiene que “se han registrado importantes progresos, aunque persiste el reto de continuar la construcción de policías eficientes y confiables, transformar el sistema de justicia, así como construir una agenda integral de derechos humanos y seguridad pública”.
Calderón alude al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en agosto pasado, en “un esfuerzo por fortalecer el combate a la impunidad”.
En ese sentido, se señala que los exámenes de control de confianza que se llevan a cabo a todos los policías federales serán aplicados también a nivel estatal y municipal.
Se presentan luego en el documento las cifras negras del sistema de justicia. Entre ellas, que hay saturación en los 439 reclusorios y cárceles del país, ya que su capacidad total es para albergar 168 mil internos, pero la población penitenciaria llegó, en septiembre de 2008, a 222 mil 67 personas.
Se puntualiza que existe sobrepoblación en 229 centros penitenciarios del país, problema que no se presenta en los centros federales, que son de máxima seguridad.
A la sobrepoblación de reos se suman la corrupción, la falta de recursos y de personal capacitado, así como la lentitud con la que se resuelve la situación jurídica de los internos. El 31.75 por ciento de los procesados del fuero común y el 9.18 por ciento de los del federal no han llegado a la fase de sentencia hasta abril de 2008.
El gobierno mexicano estima que actualmente 16 mil niñas, niños y adolescentes son utilizados en prácticas de prostitución, pornografía y turismo sexual.
El embajador Gómez Robledo explicó a los senadores que en febrero del próximo año México presentará este informe ante la ONU.