■ El gobierno federal no cumplió sus compromisos: especialistas
A cien días del acuerdo por la seguridad, ningún avance
■ Se mantienen altos los niveles de violencia y los índices delictivos
El gobierno federal ha incumplido la mayor parte de los compromisos que adquirió hace cien días con la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, afirmaron especialistas en seguridad pública, derechos humanos y política criminal.
En el acuerdo, signado en agosto pasado en Palacio Nacional, que consta de 75 puntos, corresponde dar cumplimiento a 35 compromisos a instituciones del Poder Ejecutivo federal, principalmente la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.
Entre los principales compromisos destacan la depuración de los cuerpos policiacos y el fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia, consolidar redes de atención a víctimas del delito, crear una estrategia contra el lavado de dinero y apoyar a las entidades federativas en el combate a los delitos de mayor incidencia.
En tanto, el Poder Legislativo se comprometió a dar trámite a las iniciativas que en materia de seguridad pública y procuración de justicia enviara el Poder Ejecutivo, impulsar una ley general contra el delito de secuestro y determinar competencia concurrente para que los tres órdenes de gobierno persigan el narcomenudeo.
Al respecto, los investigadores Miguel Sarre, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y Arturo Alvarado Mendoza, de El Colegio de México (Colmex), coincidieron en que “no se ve ninguna mejora en los sistemas de seguridad pública ni de procuración de justicia, y se mantienen altos los niveles de violencia y los índices de delitos tanto del fuero común como federal”.
Sarre apuntó: “estimo que en estos cien días se ha deteriorado enormemente la autoridad moral del gobierno de la República. Sin una ventaja moral sobre los delincuentes, un debido proceso a los detenidos, reglas adecuadas y controles internos en las corporaciones policiacas, así como respeto a los derechos humanos, no hay cien puntos que valgan de nada.
“El gobierno debe modificar su actuación con una conversión hacia la legalidad y que sus agentes, tanto policiacos como del Ministerio Público, dejen de actuar sistemáticamente al margen de la ley, ya que hay casos de detenciones arbitrarias, por ejemplo”.
En tanto, Arturo Alvarado Mendoza, investigador del Colmex y especialista en seguridad pública, justicia y estado de derecho en México, rechazó que “la retórica de una propuesta vaya a resolver los problemas; los beneficiarios son un grupo muy claro, pero los maleficiados somos la sociedad entera, esto no está mejorando.
“Lo firmado no es un acuerdo nacional, es simplemente un convenio de un grupo político con el gobierno federal. Es un documento que tiene un conjunto enorme de puntos muy variados y complejos, donde un grupo de organizaciones sociales demandan que se cumplan. El contenido del documento es complejo, amplio y disperso, y no considera demandas ancestrales de justicia y urgentes en el país.
“Los compromisos no necesariamente implican al Poder Judicial, ya que el problema es de seguridad pública y procuración de justicia y, a pesar de ello, es el único que ya cumplió al transparentar su actuación, promover la creación de nuevos juzgados e intensificar la capacitación de jueces y magistrados en materia penal, entre otras acciones.
“En cambio, en el Poder Legislativo algunos de sus integrantes han señalado que no les preocupan los tiempos para aprobar las iniciativas en materia de seguridad pública. Por eso, al cumplirse el plazo fijado para una primera evaluación, considero que no se ve ninguna mejora en la procuración de justicia ni en la prevención de los delitos, ya no digamos en la persecución; el país es un desastre, ahora a los que andan persiguiendo es a quienes antes eran autoridades”, señaló el investigador Alvarado Mendoza.
Por otra parte, funcionarios federales que solicitaron el anonimato señalaron que no existe en la SSP federal un programa estructurado para lograr la depuración de las corporaciones, a pesar de que éste es uno de los principales propósitos del gobierno de Felipe Calderón.
Los entrevistados señalaron que en el caso de la Agencia Federal de Investigación (AFI), que depende administrativamente de la PGR, al menos mil 200 agentes han terminado su relación laboral con esa dependencia y en algunos casos pasaron a las filas de la Policía Federal Preventiva (PFP) con la esperanza de sumarse al nuevo esquema que no ha sido legalmente constituido, pues falta que el Congreso apruebe la creación de una corporación única.
Asimismo, manifestaron que el llamado Centro Nacional de Evaluación, el cual se pretende que practique cien mil exámenes de confianza a igual número de agentes, está en proceso de integración y, a pesar de que oficialmente la SSP federal ha evaluado a 65 mil personas en dos años, los entrevistados revelaron que hay rezago en la integración de resultados.
Las fuentes mencionaron que ante la falta de acuerdos en el Congreso, la pretendida fusión de la PFP y la AFI retrasará en el ámbito federal la creación del sistema nacional de desarrollo policial.