■ Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben dar la cara ante el problema

Exige la ONU a México respuesta sobre agresión contra las mujeres

■ La trata de niñas, problema grave en el país: coalición para AL y el Caribe

Elizabeth Velasco C.

La violencia contra las mujeres continúa siendo un problema “crítico” en México, a pesar de lo cual “no ha habido mucho avance” en los procedimientos legales, sostuvo Anya Victoria, de la coordinación del proyecto sobre garantías fundamentales de ese sector poblacional, de la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, destacó que la comunidad mundial exige a México que no sólo responda el Ejecutivo, sino los poderes Judicial y Legislativo, tanto a escalas federal como estatales en la impartición de una justicia eficaz y expedita que favorezca al sector.

En el seminario Eliminación de la violencia contra la mujer, efectuado en la Universidad Iberoamericana, la especialista señaló que se requiere capacitar a los funcionarios del Poder Judicial y retomar los tratados internacionales para proteger los derechos fundamentales del género, asunto que debe exigir la sociedad en su conjunto.

Subrayó que el sistema mexicano de justicia se ha abierto en forma tardía a las normas internacionales en la materia –entre ellas las convenciones sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la de Belém do Pará–, y que la discriminación por motivos de género y sexo sigue arraigada en la sociedad. No obstante, aseguró que es obligación del Estado mexicano establecer las medidas conducentes para que los derechos dejen de ser violados.

A su vez, la directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas de América Latina y el Caribe, Teresa Ulloa Ziáurriz, advirtió que la trata de mujeres y niñas en México es “muy grave”, y lo más crítico es que los gobiernos federal y estatales “están haciendo poco, porque ese asunto no es prioritario para ellos, pues no hay sentencias ni existe un compromiso de acciones que transversalmente impulsen la prevención, protección, asistencia y persecución del delito”.

Advirtió que ni en las estadísticas oficiales se refleja lo que ocurre en la realidad, pues aún se maneja la cifra de unos 20 mil casos de tráfico ilegal de mujeres, cantidad similar a la de 2000.

“Lo que queremos destacar es la estrecha relación que hay entre la violencia contra las mujeres y las niñas y la prostitución –como un ejercicio de propiedad sobre el cuerpo–, y entre la prostitución y la trata”, indicó.

Ulloa enfatizó que el tráfico de mujeres y niñas se ha elevado en la medida en que se han profundizado la pobreza y la falta de oportunidades de desarrollo, y el crimen organizado ha avanzado.

Entre las recomendaciones para paliar tal situación, citó la reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la emisión del reglamento respectivo, así como asignar presupuesto, porque sin recursos “ninguna ley es efectiva”. Esto, aunado a la necesidad de incluir el tema en la agenda escolar, así como capacitar a policías, agentes del Ministerio Público y jueces, entre otros.

A su vez, Claudia Isabel Barrón Martínez, presidenta de Alternativa de Desarrollo con Equidad y Sustentabilidad, advirtió que los jueces penales en su mayoría niegan a las mujeres las medidas de protección solicitadas. Ante ello, consideró indispensable incluir en la ley referida a los integrantes del Poder Judicial y capacitarlos, pues a la fecha los resultados “son bastante adversos”.

Mensaje de la Alta Comisionada

En un mensaje desde Ginebra, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, llamó a las mujeres a tener un papel activo en la lucha para combatir la impunidad de los delitos de violación sexual y maltrato.

Con información de Patricia Muñoz