■ Pretende someterlos a escaneo de cuerpos, como delincuentes, dicen
Maestros acusan a juez de Acapulco de violar sus derechos humanos
■ Venganza de Torreblanca por nuestras movilizaciones, según los ex normalistas
Chilpancingo, Gro., 25 de noviembre. La juez Griselda Sáenz Orta, titular del juzgado sexto de distrito con sede en Acapulco, pretende obligar a 28 profesores a someterse a un estudio denominado sistema biométrico computacional, el cual implica “que nos desnudemos, para que se nos tomen las huellas de los pies y de las manos así como que graben nuestra voz, lo cual constituye una flagrante violación a nuestros derechos humanos, porque no somos delincuentes”, aseguró Hugo García, ex dirigente de la generación de egresados de la Escuela Normal de Ayotzinapa Lucio Cabañas Barrientos (2003-2007).
En conferencia de prensa, el profesor explicó que la juez mostró a los maestros un supuesto citatorio con fecha del 18 de noviembre, en el que “se nos ordena un careo con siete comandantes de la Policía Federal Preventiva (PFP) que participaron en nuestra detención el 30 de noviembre de 2007, cuando tomamos la caseta de cobro de La Venta, en Acapulco (para exigir plazas magisteriales) y fuimos reprimidos violentamente a petición del gobierno estatal”.
Señaló que la juez advirtió a los mentores que deberán someterse a dicho estudio, por el cual “van a escanear nuestros cuerpos y grabar nuestras voces, supuestamente porque es una medida nueva en los juzgados, para que no se confundan las voces de los presuntos delincuentes con los de la gente inocente”.
García consideró que la utilización del sistema biométrico constituye una venganza del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo contra los ex normalistas, “por la participación que hemos tenido en la movilización del magisterio, que se inició un plantón en palacio de gobierno desde el primero de septiembre pasado en rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación; por eso la dirigencia de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero va a intervenir a través del jurídico, lo mismo que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, debido a que se pretende violar nuestros derechos humanos”.
Aseguró que el viernes pasado, cuando los ex normalistas acudieron a firmar su libertad condicional al juzgado sexto, como hacen desde hace un año, la juez les ordenó colocar las manos en un aparato “y nos quiso tomar huellas, tomar fotografías, con la finalidad de intimidarnos; dijo que este jueves 27 de noviembre nos vamos a carear con siete comandantes de la PFP, y un día después los mismos oficiales nos van a interrogar, acompañados del administrador de la caseta de cobro de La Venta”.
Añadió: “Griselda Sáenz nos dijo que había nuevos delitos en nuestra contra, aparte del de ataque a las vías de comunicación en la causa penal 077/2007, pero sólo nos dijo que se agregaron otros delitos con el término de ‘acumulados’ en la causa penal 078/2008, pero no quiso explicarnos de qué tipo; al contrario, nos amenazó diciéndonos que no aceptar el examen sería como burlarnos de ella”.
Mencionó que los 28 profesores tienen problemas para presentarse a firmar cada semana, pues “la mayoría se encuentran laborando en escuelas ubicadas en los municipios de San Miguel Totolapan, Petatlán, Coyuca de Catelán, La Unión, y Ayutla de los Libres, y deben caminar más de nueve horas para llegar a las cabeceras municipales y de ahí hasta el puerto de Acapulco, y eso es injusto”.