■ La policía destruye fábrica de las FARC capaz de producir 20 toneladas de explosivos al mes

Defienden cientos de inversionistas en Colombia a la empresa que los estafó

■ Exigen al gobierno del presidente Álvaro Uribe que responda por todo el dinero que perdieron

■ Las protestas mantienen paralizada la extracción de petróleo en el departamento de Putumayo

Afp y Dpa

Bogotá, 25 de noviembre. Cientos de inversionistas clientes de la intervenida captadora financiera ilegal DMG provenientes del sur de Colombia se manifestaron este martes en la capital colombiana en favor de la empresa y contra el gobierno, al que piden responda por todo el dinero que invirtieron, protestas que mantienen paralizada la producción de petróleo en el departamento sureño de Putumayo, donde opera el cuarto oleoducto más importante del país.

“DMG le ha dado comida a mi familia desde hace siete años, porque desde que comenzaron las fumigaciones (de cultivos de coca) quedamos aguantando hambre”, dijo Eduardo Calarsu, uno de los manifestantes.

El gobierno intervino hace una semana a DMG Grupo Holding, en el contexto del escándalo por la quiebra de varias pirámides financieras, captadoras ilegales de dinero que ofrecían rendimientos de hasta 300 por ciento a cambio de la multiplicación de clientes.

Calarsu, un hombre de aspecto humilde, es uno de los 600 habitantes del departamento de Putumayo (sur y limítrofe con Ecuador y Perú) que llegaron el lunes a Bogotá para manifestarse en favor de la intervenida empresa y su encarcelado presidente, David Murcia.

Según los manifestantes, Murcia se constituyó en una especie de salvador de la región luego que por las fumigaciones de cultivos ilícitos, ordenadas por el presidente Álvaro Uribe, gran parte de la población se quedó sin ingresos.

“En Putumayo la gente sabe que se vivía de la coca”, respondió otra manifestante al ser interrogada sobre a qué se dedicaba antes de invertir en DMG. Proveniente del municipio de La Hormiga (Putumayo), la mujer, que se negó a identificarse, dijo que “cuando Uribe acabó con la coca, David Murcia nos dio de comer”.

Uribe “no llevó una solución a Putumayo, simplemente acabó con la coca y no llevó una empresa donde nosotros pudiéramos seguir trabajando”, añadió en medio de un coro de consignas de protestas que gritaban los manifestantes en contra del cierre de DMG y del presidente Uribe.

“Uribe sólo ha ayudado a los oligarcas y no a nosotros los pobres”, expresaban, al tiempo que afirmaban que en cambio “Murcia sí pensó en los pobres”.

Aunque Uribe advirtió que el gobierno seguramente no podrá responder por todo el dinero que habían invertido, comenzó un plan de liquidación de la empresa tendiente a devolverles parte del dinero, y para ello los invitó a realizar los trámites con tal fin.

Según el gobierno, sólo en Bogotá más de 18 mil clientes de DMG han iniciado el trámite, pero muchos más han manifestado que no lo harán porque creen que el gobierno no repondrá todo el dinero invertido.

“Queremos que siga la empresa”, era otra de las consignas que coreaban los manifestantes que se congregaron en el central Parque Nacional de esta capital.

Los alcaldes de las 13 poblaciones de Putumayo también vinieron a Bogotá para buscar una mediación con el gobierno en busca de una solución al problema que afecta a sus localidades y las tiene paralizada. Según dijo su alcalde, Mario Narváez, entre 30 y 40 por ciento de los 350 mil habitantes de Putumayo invirtieron dinero en DMG, en algunos casos vendiendo sus casas, el ganado u obteniendo préstamos bancarios.

Mario Narváez, alcalde de Mocoa, capital de Putumayo, afirmó que los manifestantes ocupan desde hace seis días las plantas en los municipios de Oritio y Villagarzón, impidiendo el ingreso de los trabajadores a pozos y refinerías, y que es un paro cívico ideado por los inversionistas afectados por la liquidación de DMG.

El petróleo de Putumayo se transporta por el oleoducto Transandino, el cuarto en importancia del país, a lo largo de 305 kilómetros, y moviliza unos 40 mil 300 barriles de crudo hasta Tumaco.

El economista y catedrático Juan Carlos Echeverri estimó esas inversiones en 500 mil millones de pesos (más de 200 millones de dólares), que, dijo, no alcanzan a representar 0.5 por ciento del consumo total de las familias colombianas, el dinero captado entre sus clientes por DMG, al citar informes preliminares del gobierno.

La fiscalía acusa a DMG de sustentar su actividad con el lavado de dinero del narcotráfico, y acusa a Murcia, de 28 años, de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, captación ilegal de dineros y concierto para delinquir.

Coincidiendo con estos hechos, el ex congresista colombiano Alfonso Riaño Castillo, quien renunció a su cargo a finales de 2007 tras ser vinculado con grupos paramilitares, se entregó este martes a la fiscalía de Bogotá, un día después de que esa entidad lanzó una orden de detención sin derecho a fianza.

Medidas similares fueron también adoptadas por la fiscalía contra los ex legisladores José Manuel Herrera y Luis Alberto Gil. Los tres pertenecen a Convergencia Ciudadana, formación política fundada en Bucaramanga por Gil, ex senador detenido el pasado lunes en Bogotá.

Los cargos se relacionan con los presuntos vínculos de éste político con el desaparecido Bloque Central Bolívar, de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, disuelta en 2006, en el contexto de la parapolítica, en que el gobierno de Uribe se ha visto envuelto desde entonces.

De otro lado, el ejército colombiano detuvo a cuatro conciudadanos en aguas del océano Pacífico con 678 kilos de drogas, de los cuales 328 eran cocaína, en una operación conjunta con un avión plataforma del Comando Sur de Estados Unidos, se informó hoy.

La policía de Colombia descubrió y destruyó la fábrica más grande de explosivos de la mayor guerrilla izquierdista del país que tenía capacidad para producir cada mes 20 toneladas de materiales para bombas, informó este martes la institución armada.

En la operación policial ejecutada en una zona rural de San Vicente del Caguán, en el suroccidental departamento del Caquetá, fueron confiscadas cuatro toneladas de explosivos, dos computadores portátiles y 16 memorias USB.

La fábrica pertenecía a la columna Teófilo Forero, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), precisaron las autoridades colombianas.

“El campamento tenía capacidad para producir hasta 20 toneladas mensuales de explosivos, así como la fabricación de minas antipersona y sombreros chinos, material usado para atentados terroristas contra campesinos y miembros de la fuerza pública”, dijo la policía en un comunicado.

“La acción policial también permitió la incautación de cuadernos, libretas y documentación pertenecientes a la columna Teófilo Forero, en los que se revelan planes terroristas, potenciales víctimas de secuestro y extorsión, además de distribución de los recursos financieros”, precisó.