■ Cierres, clausuras y outsourcing, entre las causas, dice su titular
Impacta crisis el ámbito laboral; 66 mil recursos este año: JLCA
■ Lamenta que instancias federales insistan en reformar la Ley del Trabajo
La crisis financiera mundial incrementó 10 por ciento el número de demandas laborales presentadas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), las cuales suman este año 66 mil, pero “tienden a crecer ante el cierre y clausura de empresas, y la aparición de un mercado negro de trabajo, encabezado por las empresas outsourcing, donde no existen salarios fijos y menos prestaciones sociales”, informó el presidente del organismo, Jesús Campos Linas.
Al término de su participación en la mesa redonda El voto secreto, lamentó que pese a esta situación las autoridades federales sigan con la idea de reformar la Ley Federal del Trabajo, lo cual significaría un grave daño para los trabajadores, al sustituir la estabilidad en el empleo por jornadas precarias y eventuales; facilitar el despido sin causa justificada; limitar los derechos de libertar sindical; crear nuevas causales para declarar inexistente la huelga, y legalizar lo que hoy es ilegal: la subcontratación o outsourcing.
La situación, dijo, “esta color de hormiga y en enero veremos sus efectos más negativos”, aun cuando en los últimos meses creció 6 mil el número de demandas, como resultado de la crisis financiera que obligó a muchas pequeñas y medianas empresas a cerrar o recortar personal, afectando a alrededor de 15 mil personas, quienes han denunciado despidos injustificados, pagos salariales o prestaciones sociales no cubiertas.
Y los menos, dijo, despidos por embarazo, aunque “ya se observa una precarización del trabajo en las áreas de servicios y comercios, donde la gente se ha visto obligada a firmar contratos con empresas outsourcing, que dan empleo por interpósitas personas, que no son los dueños, y no les dicen que ganarán un salario ínfimo y carecerán de prestaciones sociales, principalmente Seguro Social”.
Los problemas vienen cuando los despiden y se dan cuenta que no tienen ni siquiera un contrato que avale la prestación de sus servicios, lo cual no podemos prever, en muchos de los casos, porque no tenemos la capacidad ni material, ni humana para absorber tanto trabajo y llevar a cabo inspecciones continuas a los centros de trabajo, a lo cual se suma la existencia de contratos de protección.
Así que los más afectados son gente con mínima instrucción escolar, que prestaba sus servicios en el comercio informal y deseaba incorporarse a la formalidad en actividades comerciales o de servicios, o la industria de la construcción, pero sin éxito. Sin embargo, la mayoría de las demandas interpuestas en la junta, donde contamos con documentos que avalen la contratación, se han ganado.
“Hoy tenemos más laudos condenatorios que absolutorios, o mixtos que sólo condenan a las empresas al pago de ciertas prestaciones y no a la indemnización, lo cual es muy bueno en este escenario de crisis financiera que estamos viviendo y que no sabemos cuándo tocará fondo”, precisó.