■ Dejan en esa ciudad una comisión encargada de mantener el díalogo con el gobierno

Inician retiro de Bogotá más de 16 mil indígenas que exigen entrega de tierras

■ EU demanda la extradición del líder de las FARC Martín Sombra, preso en cárcel colombiana

Dpa y Afp

Bogotá, 24 de noviembre. Los más de 16 mil indígenas colombianos que marcharon a la ciudad de Bogotá para exigirle al gobierno el cumplimiento de acuerdos sobre entrega de tierras, entre otras demandas, empezaron a regresar a sus comunidades en el sur del país, pero dejaron en la capital a una comisión encargada de seguir el diálogo con las autoridades.

Representantes de las etnias páez, guambiana y embera-chamí se retiraron este lunes de las instalaciones de la Universidad Nacional, donde permanecieron cuatro días, en el contexto de las negociaciones con el gobierno del presidente Álvaro Uribe.

Los indios comenzaron el pasado 10 de noviembre una marcha hacia Bogotá desde la ciudad de Cali, luego de salir de sus pueblos en la provincia de Cauca (suroeste), para demandar que las autoridades cumplieran un acuerdo de “restitución” de 15 mil hectáreas de tierra que alguna vez les pertenecieron.

Además, las organizaciones indígenas piden que su voz sea escuchada para modificar los términos del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, dado que sus comunidades podrían verse afectadas por algunos proyectos económicos, y solicitan la derogación de varias leyes sobre recursos naturales y minería.

Asimismo exigen que el gobierno deje de relacionarlas con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) –acusación que han lanzado en varias ocasiones tanto Álvaro Uribe como sus ministros– y que las autoridades se comprometan claramente a firmar la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, lo que les daría un margen de autonomía más amplio.

Antes de iniciar la movilización de Cali a Bogotá, los aborígenes habían anunciado el pasado 12 de octubre el inicio de la llamada “minga” nacional de resistencia, movimiento con el cual pusieron sobre la mesa el pliego petitorio mencionado.

Para hacerse escuchar, los indígenas realizaron marchas y bloquearon carreteras, lo que provocó cuatro días de enfrentamientos con la policía, con un saldo de al menos tres nativos muertos y más de 200 heridos, muchos por arma de fuego.

Unos días después de los choques, los indígenas se trasladaron a la capital de la provincia de Cauca, Popayán, para negociar con una delegación oficial. El 2 de noviembre, finalmente se entrevistaron con Álvaro Uribe, pero en vista de los nulos resultados de ese encuentro, decidieron comenzar la movilización hacia Bogotá.

La representación del gobierno está encabezada por los ministros de Interior y Justicia, Fabio Valencia; Defensa, Juan Manuel Santos; Agricultura, Andrés Felipe Arias; Minas y Energía, Hernán Martínez, y Cultura, Paula Marcela Moreno.

Se mantendrá TLC con EU

Aunque dicha comisión ha reiterado que entregará a los indígenas un poco más de 7 mil hectáreas de tierra –frente a las 15 mil que ellos exigen–, también advirtió que las leyes sobre minería y medio ambiente que ya han sido aprobadas no se derogarán, y que el TLC con Estados Unidos tampoco será modificado.

En otro orden, Estados Unidos solicitó la extradición del dirigente de las FARC Helí Mejía, alias Martín Sombra, a quien acusó de haber custodiado a tres contratistas estadunidenses que los rebeldes mantenían cautivos desde hace cinco años.

Mejía, quien también tenía bajo su resguardo a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, fue notificado de la petición por agentes de la policía secreta colombiana que lo visitaron en la prisión Modelo, de Bogotá.

Según la corte distrital de Columbia, Mejía es responsable por el secuestro de los estadunidenses Thomas Howes, Marc Gonsalves y Keith Stansell, cuyo avión cayó en territorio controlado por los rebeldes, en el sur del país, en febrero de 2003, y fueron rescatados durante un operativo junto con Betancourt, en julio pasado.

El dirigente guerrillero, detenido el pasado 18 de febrero en la localidad andina de Boyacá, también está acusado por los cargos de terrorismo, toma de rehenes, tortura, homicidio, rebelión y desaparición forzada, revelaron fuentes judiciales cercanas al caso.