■ Advierten que también se afectarán los derechos y los territorios indígenas
Los planes petroleros oficiales amenazan la biodiversidad de Chiapas: ecologistas
San Cristóbal de las Casas, Chis., 24 de noviembre. Ante las declaraciones hechas en Tuxtla Gutiérrez por la secretaria de Energía, Georgina Kessel Martínez, reconociendo los planes del gobierno federal para iniciar la exploración petrolera y extracción de crudo en la selva Lacandona y otros puntos de lo que la funcionaria llamó “cuenca del sureste”, el Pacto de Grupos Ecologistas replicó hoy que el anuncio oficial “implica graves amenazas contra la rica biodiversidad de Chiapas y contra los derechos y los territorios de los pueblos indígenas”.
Además de la inminente explotación de yacimientos de petróleo en la selva Lacandona, la funcionaria anunció la instalación de una planta de biocombustibles con tecnología colombiana, “con sus extensivas y depredadoras plantaciones monoespecíficas de palma africana incluidas”, destacan los grupos ecologistas. No obstante, Kessel y el gobernador Juan Sabines Guerrero argumentaron que estos planes implican “más progreso y desarrollo en beneficio de las familias chiapanecas”.
Con ello, exponen los ambientalistas en un comunicado que divulgó Maderas del Pueblo del Sureste, “los gobiernos federal y estatal se exhiben en una esquizofrénica demagogia; al tiempo que anuncian políticas, programas y fondos ‘verdes’ para combatir el cambio climático, se definen en favor de un capitalismo salvaje, de carácter extractivo y de corto plazo”.
Esta contradicción favorece en el fondo “los intereses del gran capital biotecnológico, farmacéutico, embotellador de agua, y aquel interesado en convertir bosques y cubierta forestal en ‘sumideros’ para el mercado multinacional de carbono”. Estos intereses, “encubiertos por un disfraz de verde filantropía y apoyados por organismos paragubernamentales, nacionales e internacionales, de carácter ‘conservacionista’, habían venido impulsando la política oficial de despeje y despojo de territorios indígenas biodiversos y su conversión en Áreas Naturales Protegidas, ‘en beneficio de la humanidad’”.
A este panorama hay que sumar, dicen los ambientalistas, “la acelerada expansión de concesiones mineras en las regiones Sierra, Fronteriza y Centro de Chiapas, en favor de multinacionales, sobre todo canadienses”.
También destacan la definición del gobierno calderonista el pasado 20 de noviembre, en voz de los secretarios de Hacienda y Comunicaciones (“impulsada y aplaudida por el ‘cártel’ de empresas constructoras que encabeza Carlos Slim”), de considerar la inversión pública en infraestructura (autopistas como la proyectada entre San Cristóbal y Palenque, represas como la Parota, en Guerrero, o Boca el Cerro, en el río Usumacinta, extracción petrolera y aeropuertos) como “la base más importante de su estrategia para enfrentar la crisis económica internacional”.
Según el Pacto de Grupos Ecologistas, “la pregunta de fondo” es si los pueblos indígenas y comunidades campesinas, amenazadas en sus territorios, recursos naturales y derechos, permitirán el saqueo.
En tanto, las dependencias gubernamentales responsables de la protección del ambiente en Chiapas reaccionaron con cautela, rayana en la sumisión, ante la noticia de que se buscará petróleo en la selva Lacandona. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) manifestó que su postura “es no oponerse al desarrollo del país”, aunque consideró necesario que el plan esté “apegado a la normatividad para evitar un deterioro ambiental”.
También la secretaría estatal de Medio Ambiente y Vivienda (Semaduvi) optó por la prudencia. Ambas dependencias coincidieron, según la prensa local, en señalar que la explotación de la selva Lacandona repercutirá “en cierto nivel” en el ambiente, aunque confiaron en que la instancia encargada del proyecto, sea la Secretaría de Energía o Petróleos Mexicanos, presente un estudio de impacto ambiental.
Tanto Conanp como Semaduvi dijeron haber conocido el proyecto apenas ahora. Kessel Martínez aseguró que no se afectará al ecosistema, pero las dependencias ambientales opinaron que, aunado al proyecto, deben incluirse propuestas de restauración, “porque sí va a haber impactos, cuya intensidad aún se desconoce”.