■ Hombres armados agreden a trabajadores, empresarios y abogados
En Conciliación y Arbitraje, actos de delincuencia organizada: CILAS
Empleados, abogados y pequeños y medianos empresarios son víctimas de una red de delincuencia organizada que actúa de manera impune en centros de trabajo y en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) del Distrito Federal, señaló ayer el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), el cual aseguró que hombres armados operan en las salas de justicia para intimidar a quienes interponen demandas.
Informó que en un acto realizado hace pocos días por la Barra Mexicana Colegio de Abogados, uno de los asistentes denunció que al iniciar una audiencia en el marco de un procedimiento laboral ante la JLCA, representando a una empresa, “ya en la sala respectiva fue amagado por dos hombres armados, uno de cada lado, quienes con amenazas de muerte lo obligaron a salir del edificio. Lo secuestraron el tiempo necesario para impedirle que defendiera a su cliente”.
En la reunión de la barra las historias comenzaron a fluir. Destaca la de una abogada, que representaba trabajadores, quien narró cómo en plena audiencia, también en la JLCA, uno de sus colegas que representaba a un patrón la amenazó. Le dijo: “por su bien, mejor arréglese en este momento”, mientras se abría el saco y le mostraba un revólver que llevaba en la cintura. Hoy día se relatan muchos casos semejantes. Sin embargo, se reserva el nombre de la empresa por temor a represalias.
El CILAS apuntó que esas acciones han subido de tono, pues se reportan casos de trabajadores que, heridos, han tenido que ser sacados en cajuelas de automóviles para evitar que sean golpeados; hay grupos que en la entrada del departamento de huelgas impiden a los abogados comparecer en las audiencias, y se habla de golpeados en escaleras y baños. Además, amenazas directas y telefónicas para que se desistan de asuntos; testigos que han sido advertidos de que no se presenten, pues si lo hacen serán golpeados.
En distintos foros laborales se han sugerido diversas medidas para resolver la situación, como garantizar que quienes ingresen al tribunal no acudan armados; colocar cámaras de vigilancia y video en diversas áreas, incluso en las de acceso y su entorno, para inhibir actos de violencia, lo cual permitiría fincar responsabilidades a quienes cometan ilícitos. También se ha propuesto instalar una agencia del Ministerio Público –al menos de manera temporale– que reciba y sustancie denuncias, sin que pretexte que no le es posible actuar porque se trata de un “conflicto laboral”. Resulta obvio que se trata de delincuencia organizada, que se requiere una estrategia de inteligencia para identificar a quienes ejercen la violencia y a quienes los contratan, aseveró.
La organización, a manera de ejemplo, resaltó que el viernes 14 de noviembre, lista en mano, fueron despedidos, uno a uno, los dirigentes del sindicato de personal de confianza de Petróleos Mexicanos que esperaban el registro gremial por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Todos fueron sacados violentamente, con la intervención de personal armado, sin que alguna autoridad hiciera algo.