■ Residentes de Achacachi queman a dos presuntos ladrones y torturan a otros nueve
Poblado de Bolivia, en “estado de sitio civil” para evitar detención de linchadores
La Paz, 21 de noviembre. Es ilegal la instauración de un “estado de sitio civil” en Achacachi –población ubicada a 96 kilómetros al noroeste de esta ciudad– para impedir que policías y fiscales investiguen el linchamiento de dos presuntos ladrones y la tortura de otros nueve el pasado lunes, señaló el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, quien pidió que no se entorpezca la investigación de esos hechos.
Entre el domingo 16 y el lunes 17, durante la fiesta de San Cristóbal en Achacachi, los 11 presuntos asaltantes fueron detenidos y llevados al estadio local, donde fueron golpeados, flagelados, rociados con gasolina y les prendieron fuego. Dos hombres murieron por las quemaduras.
De los nueve sobrevivientes, cuatro son mujeres. Todos están hospitalizados en calidad de detenidos. Según los medios, el alcalde de Achacachi, Eugenio Rojas, informó que los vecinos acordaron además un “pacto de silencio” para proteger a los linchadores.
Se nombró un comité que va a vigilar las 24 horas para alertar si entra a la localidad “algún extraño”, para detenerlo. Con esto se busca impedir la llegada de los fiscales asignados al caso.
“Si me quieren llevar, que me lleven, pero no vamos a permitir que se investigue, a nadie vamos a permitir que se lo lleven; ratifico que como alcalde voy a sacar cara por mis hermanos”, dijo Rojas.
La oficina en Bolivia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó su “preocupación” por los linchamientos en Achacachi y el hecho de que estos crímenes “continúen siendo asociados con la práctica de la justicia comunitaria”.
La OACNUDH, en un comunicado, recordó que el pasado 28 de febrero fueron linchados tres policías en la comunidad de Epizana, e instó al Estado boliviano a fortalecer el sistema de justicia y otros órganos encargados de velar por la seguridad pública. También exhortó a las autoridades a que se identifique y sancione a los responsables del linchamiento.
Antonio Peredo, senador del Movimiento al Socialismo, indicó que las declaraciones del alcalde de Achacachi lo convierten en cómplice o “en el principal culpable, de manera que la justicia tiene que actuar a partir de esto”.
En otro orden, por decreto del presidente Evo Morales cualquier predio agrario donde el Instituto de Reforma Agraria encuentre alguna forma de “servidumbre” o cuando “se incumplan las obligaciones de pago de salario, en especie o por debajo del salario mínimo establecido”, volverá al dominio del Estado por no cumplir la Función Económica Social (FES).
El decreto 29802 establece que donde exista un sistema de servidumbre, trabajo forzado, peonazgo por deudas y/o esclavitud de personas o familias cautivas en el área rural”, se violan las normas vigentes y eso implica el incumplimiento de la FES “aunque en el predio existieran áreas efectivamente aprovechadas”.