■ Genera controversia que parte de los recursos obtenidos vayan a Desarrollo Social
Comisiones de la Asamblea aprueban dictamen sobre extinción de dominio
■ Las personas que renten inmuebles donde se cometan crímenes perderían la propiedad, establece
Por unanimidad, los diputados locales de PRD, PAN, PRI y Coalición de Izquierdas aprobaron en comisiones unidas el dictamen de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, que se presentará ante el pleno de la Asamblea Legislativa el próximo martes para su votación definitiva y entrada en vigor, con lo que el gobierno capitalino tendrá las facultades legales necesarias para quitar todos sus bienes y propiedades a la delincuencia organizada.
De los 60 artículos que contiene dicho proyecto de ley, sólo uno generó controversia e intensa discusión entre los legisladores de esas fracciones parlamentarias, y es el relativo al destino que tendrán los recursos obtenidos por la venta de los bienes incautados, pues la oposición rechazó que parte de ese dinero se use para que el secretario de Desarrollo Social, Martí Batres, “haga proselitismo” o para la “compra de afectos partidistas”, pero la mayoría perredista logró convencerla de que se invertirá para “bienestar social” de los capitalinos en general.
La Ley de Extinción de Dominio se aplicará en aquellos casos en que quede demostrado fehacientemente que un inmueble o un bien fue utilizado para cometer un delito relacionado con secuestro, robo de vehículos, trata de personas y delincuencia organizada, o que la adquisición de una propiedad fue producto de las ganancias obtenidas por la comisión de alguno de esos ilícitos.
Una vez que el presunto responsable sea despojado por la vía legal de sus bienes, éstos serán rematados –previo avalúo– y del total del dinero que se obtenga 50 por ciento se destinará al Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del DF, y el resto se orientará al “bienestar social”, como podría ser la creación de más casas de cultura, centros de recreación, clínicas de atención de adicciones, según detallaron los diputados del PRD Humberto Morgan y Daniel Ordóñez.
Este próximo ordenamiento –que una vez en vigor será el primero de su tipo en el país– establece también un pago económico para los capitalinos que denuncien o aporten medios de prueba en contra de aquellas personas dedicadas a los ilícitos arriba mencionados, para que al aplicar la Ley de Extinción de Dominio se puedan confiscar los bienes, venderlos y dar de dos a cinco por ciento del valor total del bien o propiedad incautada a esos ciudadanos, quienes, a propuesta concreta de la panista Kenia López, tendrán garantizado el secreto total de sus datos personales.
Las personas a quienes se le aseguren sus propiedades no recibirán ninguna contraprestación ni compensación, y la única excepción será cuando el afectado compruebe fehacientemente que actuó de buena fe al rentar, por ejemplo, un inmueble que haya sido utilizado por terceras personas como casa de seguridad para secuestros o para resguardo de vehículos robados o de víctimas del delito de trata de blancas.
Humberto Morgan detalló que las personas que renten algún inmueble y sepan que ahí se comete algún delito y no lo denuncien a las autoridades, automáticamente habrán perdido sus propiedades, y no podrán recuperarlas.
Daniel Ordóñez añadió que para la elaboración de la Ley de Extinción de Dominio se tomó la experiencia de Colombia, donde ya se aplica este tipo de ordenamientos.