■ Ha anunciado acciones de acercamiento con comunidades zapatistas
Previsible, nuevo activismo de la Cocopa en Chiapas
■ En prensa, libro del Colmex sobre el área que serviría de referencia
San Cristóbal de las Casas, Chis., 20 de noviembre. La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), que ha permanecido poco activa desde hace años, podría iniciar acciones que viene anunciando desde 2007, aunque esporádicamente, la duradera presidenta del organismo bicamaral Martha Cecilia Díaz Gordillo, diputada federal panista.
Pero más allá de sus declaraciones, lo que podría dar pie a un nuevo activismo de la comisión es la publicación del libro, actualmente en prensa, Comunidades zapatistas: experiencias diversas de indígenas chiapanecos con el EZLN, editado por Marco Estrada Saavedra y Juan Pedro Viqueira para El Colegio de México (Colmex), volumen de orientación antizapatista y hasta contrainsurgente, aunque bajo un meticuloso velo académico de presunta imparcialidad.
Estrada Saavedra, del Centro de Estudios Sociológicos del mismo Colmex, ha colaborado con la Cocopa de la actual legislatura en un diagnóstico sobre la situación de las comunidades en las regiones indígenas donde están los municipios autónomos zapatistas. Con el título Chiapas hoy, este diagnóstico sería publicado de manera tripartita por el Congreso de la Unión, el Colmex y el gobierno de Chiapas. El libro mencionado, aunque se trata de una compilación académica, vendría siendo un subproducto de esa documentación efectuada por el Colmex.
Meses atrás, la legisladora Díaz Gordillo anunció que antes de que concluyera el año la Cocopa realizaría un “acercamiento con comunidades zapatistas y efectuaría gestiones para obras de beneficio social”, lo cual, dijo, “ha sido solicitado por algunos poblados donde habitan militantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)”.
Díaz Gordillo manifestaba “que el escenario en los casi 15 años del levantamiento zapatista se ha transformado, por eso se tiene que pensar no en la visión del diálogo entre las partes que se tenía, sino plantear otras alternativas; tenemos que pensar cómo acercar a las partes, lo importante será seguir combatiendo la pobreza, al impulsar el desarrollo social y la economía”.
No mencionaba, en cambio, que las condiciones de diálogo entre el gobierno federal y los rebeldes están entrampadas desde 1996, con el incumplimiento gubernamental de los acuerdos firmados con el EZLN en San Andrés. Esta situación se extremó con la aprobación por todos los partidos políticos de la llamada “ley indígena”, que no cumplió con la propuesta de la propia Cocopa, aceptada por los zapatistas e impulsada en 2001 con la comparecencia de la comandanta Esther en el Congreso de la Unión, en nombre del EZLN y el Congreso Nacional Indígena.
La legisladora anunció que la Cocopa pretendía desarrollar “una labor de acercamiento y de diálogo entre la comisión plural legislativa y las comunidades indígenas de la selva Lacandona, sin causar imposiciones, más bien respetando los derechos de las comunidades”. Ese activismo, que por cierto no se ha iniciado, prometía repetir el guión del último comisionado para el diálogo y la paz del gobierno federal, el también panista Luis H. Álvarez. Con el gobierno de Felipe Calderón, esta figura institucional ha desaparecido.
Durante el sexenio de Vicente Fox, Álvarez recorrió comunidades leales al oficialismo (y siempre que pudo, comunidades divididas con presencia zapatista) como gestor de inversiones y programas, en una actuación que fue repetidamente señalada como contrainsurgente por las comunidades en resistencia.
Díaz Gordillo, al anunciar las eventuales visitas de la Cocopa a localidades indígenas, destacaba que “hay comunidades que han aceptado el ingreso de algunos programas de gobierno, dicen ‘sí a los programas pero no renunciamos a nuestra misión principal, el reconocimiento de los derechos y la cultura indígena’”.
Paralelamente, las investigaciones de Estrada Saavedra han producido una “guía de forasteros” para la Cocopa, que incluye ensayos de diversos especialistas sobre lo que presumen que son las formas de gobierno autónomas zapatistas en las distintas regiones de indígenas, y los “conflictos” que les atribuyen. En torno a la tesis del investigador sobre el EZLN “como sistema de protesta” (adaptando a su modo la teoría de “sistemas sociales” del gurú alemán de la sociología Niklas Luhman), se publican trabajos de Juan Pedro Viqueira y colaboradores sobre los equilibrios en San Andrés Larráinzar, y del director del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Sureste), José Luis Escalona Victoria, acerca de los “pueblos” tojolabales de Las Margaritas. Se agregan capítulos de la zona norte y la región de Altamirano.